Guerrerenses viven 1.21 años menos

Noé Ibáñez Martínez

Además del histórico bajo índice de desarrollo humano en Guerrero a consecuencia del nivel socioeconómico y a la marginación, el fenómeno de la inseguridad se colocó en la última década como uno de los principales agentes que incide directamente en la esperanza de vida de los guerrerenses.

De acuerdo al informe Homicidio: una mirada a la violencia en México presentado esta semana por el Observatorio Nacional Ciudadano, revela que en 10 años, de 2003 a 2013, la esperanza de vida de los mexicanos se redujo, en promedio, cinco meses, y hasta casi dos años en el caso de Chihuahua, seguido por Guerrero con una reducción de 1.21 años, debido a la incidencia de los homicidios.

Recordemos que hace unas semanas, el Instituto por la Economía y la Paz reveló que Guerrero es la entidad más violenta en el país, y tres de sus ciudades de más de 100 mil habitantes superaron la tasa de homicidio doloso tan solo en 2014: Acapulco (70), Chilpancingo de los Bravo (64), e Iguala de la Independencia (18).

Otros estados donde también se redujo la esperanza de vida son: Sinaloa (1.02), Durango (0.83), Baja California (0.62), Nayarit (0.62), Morelos (0.49), Michoacán (0.49), Oaxaca (0.48), Tamaulipas (0.44), Colima (0.42) y Sonora (0.42).

El informe detalla que el grupo de edad más afectado por los homicidios va de los 15 a los 29 años; es decir, la población joven.

Otro dato importante que revela este estudio es que entre 2012 y lo que va de 2015, en el 80 % de casos de los secuestros que terminaron en asesinato, no hubo ningún detenido.

En México, el pago de importantes sumas de dinero por el rescate de una víctima en caso de secuestro no es garantía para conservar la vida.

En este mismo lapso de tiempo, se registraron hasta 320 casos de víctimas de secuestro en México —más de 100 al año, casi 9 al mes— que terminaron con el asesinato de la persona.

La entidad con más secuestros que finalizaron en homicidio es el Estado de México, que acumula 25 % de los casos. Le siguen Morelos (9.4 %), Guerrero (8.8 %), Veracruz (7.8 %), Tamaulipas (7.5 %), DF (5.6 %), Michoacán (5.3 %), Jalisco (5 %), Baja California (4.7 %) y Tabasco (3.4 %).

En este sentido, el documento hace hincapié que tan solo en cinco entidades —Edomex, Morelos, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas—, se concentra hasta el 60 % de secuestros en los que la víctima murió a manos de sus captores.

Del total de esas 320 víctimas —250 hombres y 70 mujeres—, la mayoría (30%) eran comerciantes, aunque también hay casos de empleados (20 %), e incluso de estudiantes (16 %). Del resto se desconoce cuál era su ocupación.

Lo más grave de estos casos es que en el 80 % de los secuestros reportados entre 2012 y 2015, no hubo ningún detenido.

De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadanos, lo más grave se concentra en Guerrero, donde no hubo ni un solo detenido derivado de la comisión de estos secuestros que acabaron en homicidio.

Por el contrario, el informe señala que entre 2012 y lo que va de 2015 se detuvieron 216 personas por este delito aunque precisa que “la mayor parte de las detenciones fue múltiple”; es decir, que se capturó a más de una persona por caso de secuestro.

Las entidades con más detenidos son Veracruz (20 %), Jalisco (11 %), Oaxaca (8 %), Tamaulipas (6 %) y Tlaxcala (6 %).

 

Estos datos sin duda reflejan la crítica situación de inseguridad y violación radical de Derechos Humanos no solo en Guerrero sino en todo el país. Mientras por un lado el gobierno destina millones de pesos en programas sociales, en combatir el analfabetismo y en obras de infraestructura y de servicios, con el fin precisamente de mejorar el índice de desarrollo humano y por ente, la esperanza de vida; por el otro lado el fenómeno de la violencia resta y pulveriza todos estos esfuerzos.

 

Bien lo considera Alejandro Hope, analista especializado en temas de seguridad, drogas y delito, “un Estado que no protege el derecho a la vida, es un Estado que no protege nada”.

 

 

hist23@gmail.com

El Señor de los Túneles y la tragicomedia mexicana

Noé Ibáñez Martínez

El México corrupto, el México impune, el México incapaz de hacer frente al crimen organizado, el lado oscuro del país al que conocemos desde siempre, esa narrativa sorprendente de violencia y narcotráfico —que pareciera solo existía en obras literarias que en las últimas dos décadas se multiplicaron—, quedó nuevamente reafirmada con la incrédula segunda fuga del narcotraficante más célebre del mundo: Joaquín El Chapo Guzmán.

Y es que el pasado sábado, poco después de las 23:00 horas, los rumores comenzaron a circular por las redes sociales: El Chapo se había fugado del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

El hecho no alarmó a los mexicanos, es más, muchos ya lo esperábamos. Pero lo más grave no es que El Chapo haya recobrado su libertad, sino el grado de corrupción al que hemos llegado. No importa cuántas veces lo atrapen, mientras el círculo vicioso esté dentro de las instituciones, el esfuerzo será en vano.

Es cierto, no es la primera vez que Joaquín Guzmán Loera escape de las autoridades. Cuando fue aprehendido en 1993 en Guatemala, fue encarcelado en el penal de Almoloya de Juárez, actualmente conocido como El Altiplano, Estado de México. Tras un intento de fuga, las autoridades lo trasladaron al penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco en 1995, donde finalmente el 19 de enero de 2001 escapó, en lo que muchos expertos definieron como la fuga perfecta y, otros, la huida más espectacular.

Prófugo por 13 años, El Chapo se mantuvo oculto de las autoridades a través de túneles. Sólo en Baja California, Sonora y Chihuahua la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) atribuye a su organización un centenar de narcogalerías para burlar los controles fronterizos.

Esta pericia, que la ha valido el apelativo del Señor de los Túneles, es bien conocido el gobierno mexicano. En febrero de 2014, El Chapo logró zafarse de su captura en Culiacán, Sinaloa, al huir por un sofisticado pasadizo instalado en su casa de seguridad. Mientras los elementos de la Marina intentaban frenéticamente derribar la puerta de blindaje hidráulico, Guzmán Loera accionó un resorte que levantó la bañera y se escabulló por un corredor metálico que desembocaba en las alcantarillas. Siete casas suyas en Culiacán estaban conectadas por esta red subterránea.

Con estos antecedentes, no era sorprendente que intentara fugarse de El Altiplano por un túnel. Es una posibilidad de manual. Incluso, documentos del gobierno de Estados Unidos muestran que la DEA tenía información de inteligencia sobre al menos dos intentos para ayudar al capo a escapar de la prisión. Los primeros informes sobre planes de fuga se dieron en marzo de 2014 que involucró el uso de amenazas y sobornos a funcionarios de la prisión, un mes después de que fue capturado en Mazatlán, Sinaloa; y en julio de ese mismo año, la misma investigación reveló que uno de los hijos de El Chapo había enviado un equipo de abogados y personal de contrainteligencia militar para diseñar un plan de escape, el cual finalmente ocurrió el pasado sábado con la complicidad seguramente de varios funcionarios del penal.

Sin embargo, este inevitable deterioro del país no es culpa de una sola persona, es resultado de años de mentir, de ocultar, de tapar, de solapar, de corromperse, quienes obsesionados y cegados por su ambición desmedida, perpetúen la ilegalidad y se coludan con los criminales construyendo cárceles con puertas giratorias en donde el poder y el dinero son el pase de salida.

Donde simulan resolver los problemas cuando no se atreven a atacar las causas, a asumir los costos. Donde crímenes como Ayotzinapa y Tlatlaya nunca se esclarezcan, que el silencio termine enterrando ese anhelo de justicia de quienes una y otra vez no tienen voz para defenderse.

Esta tragicomedia mexicana es, por una parte, la de un país sumido en una profunda crisis política y de seguridad nacional y cuyos responsables son los mismos políticos, y por otra parte, se dan casos como la segunda fuga de El Chapo que terminan siendo un fiasco para un Estado fallido.

Guerrero tocó techo en violencia

Noé Ibáñez Martínez

La inseguridad y la violencia si bien no son recientes ni exclusivos de un estado o nación, en este caso de Guerrero, sí debe preocupar y ocupar a los gobiernos en turno en establecer los mecanismos necesarios para garantizar la integridad de sus habitantes.

Tras los hechos violentos en Iguala en 2014, la confiabilidad de la información que ha reportado el gobierno en cuanto a las tasas de homicidios y delitos con violencia, se ha puesto en duda y se cree que el índice continúa subiendo.

En esta semana, el Instituto por la Economía y la Paz, con sede en Sydney, Australia, principal organismo en el mundo que se dedica a analizar el índice de la paz, cuantificar el costo de la violencia y el nivel de riesgo en cada país, reveló que se mejoraron los niveles de paz en algunos estados y en otros se incrementó el índice de homicidios en los últimos años.

Los estados mejor calificados son: Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Campeche, y Tlaxcala. Y los más violentos son: Guerrero, Morelos, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. En cuanto a ciudades, las más violentas son: Culiacán, Chilpancingo, Tecomán, La Laguna (región) y Acapulco.

El Índice de Paz México 2015 indica que Guerrero es el estado más violento, esto se debe principalmente a su alta tasa de homicidios, de delitos violentos y de delincuencia organizada que están por encima de la media nacional; e incluso, hay indicios de que el nivel de violencia en Guerrero tocó techo, con pequeños aumentos año a año.

A diferencia de la mayoría de los estados del norte que también han sufrido de altos niveles de violencia por el tráfico de drogas, Guerrero es relativamente pobre. Tiene el PIB del cuarto per cápita más bajo de cualquier estado en 2007, y tiene también una puntuación muy pobre en el Índice de Desarrollo Humano de las ONU, en el que tuvo el tercer peor puntaje en 2014.

Además, en los últimos 12 años Guerrero ha sido uno de los cinco estados más violentos y es el único estado con dos zonas metropolitanas clasificadas dentro de las cinco menos pacíficas: Chilpancingo y Acapulco.

Chilpancingo tiene la tercera tasa de homicidios más alta de las zonas metropolitanas del país, con 57 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013. La cifra es 74% más alta que el promedio metropolitano y equivale a la decimoquinta tasa de homicidios más alta de cualquier ciudad del mundo en 2014.

Además, la tasa de delitos con violencia es de 9,277 por cada 100,000 habitantes lo que representa la decimoquinta más alta a nivel internacional y 29% más alta que el promedio metropolitano.

De las tres categorías de delitos con violencia —robo, asalto y violación— robo representa 54% de los delitos registrados, asalto el 45% y violación el 1%. Al igual que la mayoría de las zonas metropolitanas, el robo con violencia es el mayor componente de los delitos de este tipo; sin embargo, en Chilpancingo también los asaltos constituyen una proporción relativamente alta de la tasa de delitos con violencia.

Acapulco es la quinta zona metropolitana más violenta en el país. Se clasifica entre las seis zonas metropolitanas con las cifras más altas tanto de homicidios como de delitos con violencia. Su tasa de delitos con violencia es cerca del doble del promedio metropolitano y su tasa de homicidios es cercana al triple de dicho promedio.

Contrario a la tendencia registrada en la mayoría de los estados del país, la tasa de homicidios en Acapulco ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Entre 2011 y 2012 hubo un promedio de 100 homicidios al año en Acapulco. En 2013 la cifra aumentó ocho veces, a 900 homicidios al maño, lo cual equivale a una tasa de más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Si bien la tasa de delitos con violencia de Acapulco es relativamente alta, se han presentado algunas mejoras en los últimos tres años, con una baja de 8% en los robos y de 18% en los asaltos entre 2011 y 2013.

¿A qué se debe este nivel de violencia?

Según un análisis de 58 indicadores a nivel estatal, la violencia en México se relaciona sobre todo con la mala gobernanza, las altas tasas de corrupción, y los bajos niveles de capital social y calidad de vida.

hist23@gmail.com

El secuestro del voto con legítimas demandas

Noé Ibáñez Martínez

A tres días de las elecciones en Guerrero, las protestas de diversos grupos sociales pero con un solo objetivo se han intensificado en algunas ciudades consideradas por el INE como “focos rojos”; aunque el gobierno del estado ha tratada de minimizarlos y considerarlos como “hechos aislados”.

Las protestas que demandan la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, familiares de los 16 desaparecidos en Chilapa tras la irrupción de civiles armados, la CETEG contra la reforma educativa, los normalistas que exigen plazas automáticas para acceder el servicio docente, los de la CETIG que demandan permisos para transportes de servicios públicos, los familiares de comunitarios que demandan la libertad de sus líderes, los damnificados de la tormenta tropical ‘Manuel’ y otros, ajenos a estas demandas que aprovechan la coyuntura para obtener beneficios personales, están decididos a boicotear los comicios el próximo domingo.

Aunado a esto, los grupos de la delincuencia organizada que controlan varias zonas de la entidad afectan también el proceso electoral, casos como el asesinato los candidatos a la alcaldía de Ahuacuotzingo y de Chilapa; los secuestros, ‘levantones’, intimidaciones y atentados contra otros más, como los que sufrieron Luis Walton Aburto y Jorge Camacho Peñaloza.

Estos actos ponen desde luego en alerta a las autoridades, tanto así que la SEP decidió suspender la aplicación de evaluaciones a los maestros, que era la principal demanda de la CNTE, como parte de las negociaciones con la Secretaría de Gobernación que quiere evitar el boicot electoral y ha reforzado la vigilancia con apoyo del Ejército y la Marina.

Sin embargo, pese a la decisión de la SEP, esto no satisface por completo a la CNTE, ya que intensificó sus acciones con la ‘toma’ de oficinas del INE y la quema de boletas electorales en al menos cinco estados (Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán y Guerrero).

Por ejemplo, en Chilapa el mismo INE reconoció que está en riesgo la instalación del 5 % de casillas en el Distrito 06, ante la oposición de maestros de la CETEG, familiares de desaparecidos y por la inseguridad.

Si bien es cierto que algunas demandas de los grupos movilizados son legítimas y que el llamado a las no elecciones son comprensibles, ya que el voto de los ciudadanos legitima los actos de corrupción en el poder, sin embargo, el método de lucha no ayuda a convencer a la gran masa que acude a las urnas, al contrario, reprueba los actos radicales e incluso los confronta, como sucedió el pasado lunes en Tlapa.

Independientemente de los resultados del próximo domingo —que da lo mismo porque durante los 90 días de campaña, ninguno de los nueve candidatos presentó un proyecto que incida en la transformación real de Guerrero— lo que ha marcado este periodo electoral sin duda son las protestas sociales; es decir, pocas veces he percibido un proceso electoral tan espeso y cargado de reproches.

Existe una atmósfera de hartazgo e insatisfacción que se hacen nudos o se condensan en el proceso electoral que culminará el próximo 7 de junio. El grupo Reforma en un sondeo señala que casi 70 % de su muestra está insatisfecha con la democracia y que 56 % de los encuestados están preocupados porque México va por mal camino.

En un artículo de Armando Bartra publicado ayer en La Jornada, describe muy bien la realidad de las protestas: “Aun manipulado y pervertido, el voto es un derecho ciudadano universal que debe defenderse y no secuestrarse por legítimas que sean las demandas particulares que se aleguen (…). “Lo inaceptable es que se amenace con impedir por la fuerza las elecciones si antes el gobierno no concede tal o cual demanda: si no aparecen los 43 impediremos sus elecciones, si no derogan la reforma educativa impediremos…, si no otorgan permisos a transportistas impediremos…, si no conceden cabildos y diputaciones a indios impediremos…, si no dan programas para el campo impediremos… No a las elecciones es un error. “No a las elecciones… si no me conceden lo que pido” es un inadmisible chantaje.

Ya los partidos habían secuestrado a los ciudadanos y ahora también los secuestran los gremios”.

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Rogelio Ortega, ¿el pacificador?

Noé Ibáñez Martínez

Llegó el día. Hoy se vence el plazo de la licencia que Ángel Aguirre Rivero solicitó al Congreso del Estado a raíz de los hechos violentos en Iguala. Hasta ayer, los que cobran como diputados locales no habían recibido el oficio de notificación sobre si regresa o solicita ampliar su licencia por el resto del mandato que concluye en octubre.

Aunque a mitad de semana, Aguirre había declarado a un medio nacional que no regresaría a gobernar Guerrero, y con ello despejó la incertidumbre para muchos, sobre todo para los que se aferran al poder; particularmente para el actual interino Rogelio Ortega Martínez, ya que con ello, se abre la posibilidad de que el Congreso local lo ratifique.

En una serie de artículos publicados por el mismo Ortega en El Sur, (15 y 23 de abril), expone las razones, en resumen, por las que los diputados deberían considerar su permanencia en el cargo. Para ello recurre al ensayo de Albert Camus, El mito de Sísifo, para describir de forma filosófica la realidad actual de Guerrero.

Particularmente en su segundo artículo “Guerrero: ¿Jano y Sísifo de nuevo?”,  Rogelio Ortega dice que desde que tomó el poder el conflicto social en el estado se ha ido disipando,  y sí es cierto, ya no vemos edificios incendiándose, tampoco la disputa entre manifestantes por el control de las casetas de peaje en la Autopista del Sol, ni el enfrentamiento casi cotidiano entre embozados y antimotines, es más, quedan pocos maestros en el plantón del zócalo capitalino (aunque esto por conflictos-intereses internos de la Coordinadora), y además, de 46 ayuntamientos tomados, quedan solo seis en poder de los maestros.

También dice que gracias a sus llamados de diálogo y concordia, se pudo lograr lo que parecía imposible. Que las zonas turísticas de Guerrero se llenaran de visitantes en diciembre y Semana Santa, que se pudieran efectuar sin contratiempos el Tianguis Turístico, la Convención Bancaria, y eventos deportivos y culturales en Acapulco.

Sobre esta disminución de protestas, Ortega añade, “…alguien pudiera decir que se trata de una derrota de la sociedad movilizada y en esencia no lo es”. Sin embargo, me permito disertar en este punto.

En las últimas dos décadas de la historia de Guerrero, los movimientos socio-políticos han sido esporádicos o de un “solo tema”, es decir, el surgimiento de las protestas (magisteriales, campesinas, obreras y estudiantiles) han tenido un objetivo específico por el cual luchan; y una vez conseguido ese objetivo con el gobierno (generalmente), éstos se disipan.

En este caso, a raíz de los hechos en Iguala, surgió una demanda específica por parte de los padres de los estudiantes desaparecidos, y en solidaridad se sumaron la CETEG y otros grupos sociales, que a su vez, exigen la derogación de la reforma educativa y se oponen a las reformas estructurales del Gobierno federal.

Como vemos, estas protestas tienen un objetivo de ser. Y como escribió Ortega, efectivamente no es una derrota para los grupos movilizados, como tampoco un acierto de su gobierno. Puedo afirmar que es un proceso natural de los movimientos sociales en Guerrero. Su fase de mayor efervescencia concluyó y ahora la lucha de los padres de los normalistas ha tomado la tónica de ser una lucha por la memoria.

El desgaste mismo del movimiento que tuvo como consecuencia una ruptura coyuntural en la CETEG (principal grupo que sostenía la protesta en apoyo a normalistas) a partir del desalojo de los maestros en Acapulco, llegó a su clímax. Ahora lo que sigue es la negociación para disipar por completo la protesta, y eso se ha hecho en otros gobiernos por eso no lo podemos atribuir como un logro del gobernador interino.

El reto ahora son las elecciones a celebrarse el 7 de junio. La “ala radical” de la CETEG continúa con su intención de impedir los comicios, aunque seguramente, a base de negociación como lo han hecho siempre, y con Ortega u otro gobernador, se podrá llegar a un acuerdo con los maestros disidentes.

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