Disertaciones | Noé Ibáñez Martínez
La presencia de policías comunitarias y el surgimiento de
civiles armados que se definen como autodefensas en varios municipios de
Guerrero, ha puesto en serias dificultades a la autoridad estatal debido a que
éstos operan fuera del marco legal, utilizan armamento exclusivo del Ejército
y, en algunos casos, han cometido violaciones a los derechos humanos. Sin
embargo, pese a las voces que han urgido la modificación de la Ley 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el
Congreso local lleva más de un año de retraso con el tema, el cual debió ser
legislado y modificado desde junio de 2016.
No obstante, pareciera que la falta de voluntad política ha
prolongado ésta decisión, mientras los civiles armados, adheridos a la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y al Frente Unido por
la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), así como otros
grupos de autodefensa surgidos a raíz de lo que argumentan, la inseguridad,
continúan actuando fuera de la ley y cometen violaciones a derechos humanos; el
más reciente de los casos, la masacre de seis integrantes de una familia en la
comunidad de San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
Ante ésta situación, ¿qué espera el Congreso local para
legislar y regularizar a las policías comunitarias y los grupos de autodefensa?
¿La modificación a la Ley 701 será parteaguas para poner en orden la actuación
de éstos civiles armados y, en consecuencia, frenar la violación a los derechos
humanos y hacer valer el estado de derecho?
De acuerdo a lo que se sabe del avance de los legisladores
sobre el tema, la Comisión de Justicia trabaja para elaborar el dictamen de
reformas a la Ley 701 sobre Reconocimientos, Derechos y Cultura Indígena, para
que sea analizado, discutido y, en su caso, aprobado en el próximo periodo
ordinario de sesiones que inicia el 13 de septiembre. Luego de que en tres
ocasiones dicha ley debió de ser adecuada, pero los diputados no cumplieron.
En opinión de los propios legisladores, la policía
comunitaria sólo debe operar en comunidades indígenas, como actualmente ocurre
en pueblos de la región de la Montaña y la Costa Chica, donde tiene presencia
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria
(CRAC-PC) que opera bajo la norma regulada en la Ley 701, la cual se pretende
modificar para integrar a los demás grupos comunitarios. Incluso, algunos de
ellos han presentado sus propuestas: la diputada de Morena, María de Jesús
Cisneros Martínez y el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja,
particularmente.
Además, algunas organizaciones sociales como el Consejo de
Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero y el Frente de Comunidades
por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec), han denunciado que la
intención del Congreso al prolongar la armonización de la Ley 701, es dejar
este marco normativo sin efectos, y criminalizar y desarticular a las policías
comunitarias que operan en comunidades indígenas.
Incluso, la propia Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero (UPOEG) también entregó al Congreso local sus propuestas. El
dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio ha manifestado que su
iniciativa consiste en armonizar la Ley 701, pero no sólo en el aspecto de las
policías comunitarias, sino de manera integral.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores se ha
pronunciado por la adecuación de la Ley 701 para regular la actuación las
policías comunitarias, puntualizando que éstas no pueden suplir la función del
Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y que se debe trabajar en
conjunto con el Ejército y Marina para recuperar el control de la seguridad en
zonas donde operan. Por ello, tras las recomendaciones de la CNDH hechas al
gobierno del estado (febrero de 2016), el Ejecutivo envió un paquete de
iniciativas de reforma constitucional al artículo 14, en materia de seguridad
pública, prevención del delito y del sistema de faltas de los Pueblos y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, las cuales ya fueron aprobadas y sólo
quedó pendiente la iniciativa de reformas a la Ley 701.
Mientras tanto, habrá que esperar si en septiembre, cuando
inicie el periodo de sesiones, se pueda definir una propuesta sólida y sea
analizada y, en su caso aprobada, con el objetivo de fortalecer el estado de
derecho y recuperar el control de las zonas donde operan estos civiles armados,
que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen presencia en
el 68 por ciento del territorio estatal, y en tres años, se contabilizan al
menos 13 organizaciones.
Lo grave que podría ocurrir es que los diputados continúen omisos y alargando la fecha para la armonización de la ley, ignorando, además, la recomendación de la CNDH de “analizar las condiciones bajo las cuales se encuentran los municipios donde tienen presencia los civiles armados y tomar medidas para reestablecer el orden jurídico y la gobernabilidad”, ya que en cualquier momento, podrían ocurrir más enfrentamientos, acciones que vulneren los derechos humanos y, desde luego, hacer ver la incapacidad del Estado para tomar el control de la seguridad en éstas zonas.
Lo grave que podría ocurrir es que los diputados continúen omisos y alargando la fecha para la armonización de la ley, ignorando, además, la recomendación de la CNDH de “analizar las condiciones bajo las cuales se encuentran los municipios donde tienen presencia los civiles armados y tomar medidas para reestablecer el orden jurídico y la gobernabilidad”, ya que en cualquier momento, podrían ocurrir más enfrentamientos, acciones que vulneren los derechos humanos y, desde luego, hacer ver la incapacidad del Estado para tomar el control de la seguridad en éstas zonas.
