miércoles, 18 de noviembre de 2015

La reforma venidera en las Escuelas Normales

Disertaciones | Noé Ibáñez Martínez

Las declaraciones en los últimos días del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sobre una eminente reforma en febrero del próximo año para modernizar las 449 Escuelas Normales en el país, 17 de ellas Rurales, ha despertado la inquietud sobre el sentido en que serán enfocados dichos cambios.
Hasta el momento, Nuño Mayer solo ha revelado que algunos de los objetivos son la modernización, la profesionalización docente y el fortalecimiento de la educación inicial, aunque ha sido enfático en señalar que todas las actividades de dichas escuelas deberán estar “apegadas a la ley”, sobre todo tras los señalamientos de una presunta infiltración de un grupo del crimen organizado en la Normal de Ayotzinapa.
Es claro que todo esto es a consecuencia de que existe un histórico abandono gubernamental hacia las Escuelas Normales, particularmente las Rurales, por lo que éstas se han volcado hacia la lucha y resistencia para enfrentar dicho abandono.
Han enfrentado un ataque frontal desde la época de Manuel Ávila Camacho, por lo que llevan muchos años en su lucha por una educación pública y masiva. Por ejemplo, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, se ordenó el cierre de 18 escuelas normales, desde ese momento, se han realizado diversos intentos por desaparecer estos centros educativos, al ser considerados “cuna de guerrilleros”.
Cabe recordar que las Normales Rurales nacen en la época post revolucionaria, a iniciativa de José Vasconcelos, en un momento en que la mayor parte de la población era analfabeta. En esos tiempos, el país no contaba con gente capacitada para alfabetizar a la sociedad, ahí surgen estas escuelas, y con Lázaro Cárdenas cambia el modelo a una educación socialista, la cual predomina actualmente en muchas de ellas.
No obstante, los niveles educativos son muy bajos, y esto se refleja en las diversas evaluaciones realizadas. De acuerdo con el Informe 2015 Los Docentes en México, entregado al Senado de la República por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 60% de los egresados de las escuelas normales del país carece del perfil idóneo para ser maestro.
Además, el INEE mostró al Senado que el 59% de quienes estudian para ser maestros; es decir, 78 mil jóvenes, provienen de familias cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar mínimo definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y como consecuencia, carecen de una formación académica sólida al venir de sistemas educativos deficientes.
El INEE recomendó que para éstos jóvenes, no solamente se les otorgue una beca académica, sino también programas propedéuticos y de refuerzo, remediales y de apoyo durante el tiempo que están estudiando para evitar que se tengan que ir y para lograr que sus resultados sean los adecuados, y que pasen el examen de admisión de ingreso a la docencia.
Sin embargo, este interés por mejorar la calidad de las normales rurales contraviene a las acciones del gobierno federal. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos para el próximo año desapareció el fondo para mantener a las Escuelas Normales Rurales que anunció el presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer a estas instituciones, tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Este apoyo tenía contemplados 400 millones de pesos como parte del Ramo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación, dedicado al sector educativo y al gasto de la Secretaría de Educación Pública, para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, en específico para el Programa de Apoyo para Escuelas Normales Rurales.
Ante este panorama, la SEP deberá iniciar mesas de análisis entre académicos, docentes, padres de familia, representantes de alumnos, autoridades educativas y miembros de la sociedad civil, a fin de establecer las nuevas bases de los modelos educativos que se adapten a las necesidades de las normales; de lo contrario, las autoridades seguirán encontrando resistencias en estos centros educativos.

hist23@gmail.com
@ibanez_marti

miércoles, 11 de noviembre de 2015

¿Intervención internacional en Guerrero?

Disertaciones | Noé Ibáñez Martínez

Guerrero es hoy es el estado más violento del país. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que permanece como la entidad con mayor incidencia por homicidio doloso al superar la tasa nacional por cada 100 mil habitantes en 296.05%.
De enero a septiembre de este año se han registrado al menos mil 500 homicidios dolosos, de los cuales más de la tercera parte han ocurrido en Acapulco, en donde hay un promedio de tres crímenes violentos cada día.
Ante esta situación, diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han urgido al gobierno mexicano tomar acciones drásticas para frenar la ola de violencia y la crisis en la impartición de justicia en Guerrero.
Una de ellas, el International Crisis Group calificó como “terrorífica” la situación en Guerrero debido al nivel de violencia y de desapariciones forzadas, y es una de las organizaciones que se ha pronunciado a que se designe un fiscal especial para que investigue las desapariciones forzadas no resueltas.
Con motivo de su informe, “Desaparecidos. Justicia denegada en Guerrero, México”, Mary Speck, directora del proyecto para México y Centroamérica de Crisis Group, dijo ayer que la situación en Guerrero “es preocupante por varias cosas, no sólo por el caso Ayotzinapa: es un estado con una historia de impunidad muy larga, desde los años 70. Es un estado, también, productor de amapola… y es también de interés de la comunidad internacional solucionar y mejorar la situación de Guerrero”.
Por su parte, la organización Open Society Justice Initiative presentó este martes a diputados del Congreso local el informe titulado “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, donde les hicieron saber que la procuración de justicia en el estado es “un completo desastre”, y en el extranjero la entidad es conocida como “fosalandia”, que, desde luego, tiene que ver con los 20 mil muertos que se apilan a la fecha desde 2005, muchos de ellos encontrados en fosas clandestinas.
Aunado a ello, Guerrero cuenta con la peor policía en materia de desarrollo, capacitación y control y confianza, según informe que presentó el pasado lunes la organización Causa en Común. De 180 efectivos evaluados de enero a junio, 49.4% no aprobó los exámenes de confianza. En ese periodo el promedio nacional de agentes reprobados fue de 17.2%.
Pero también es uno de los estados más armados, ocupa el segundo lugar nacional en registro de armas para seguridad y legítima defensa ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual emitió en Guerrero 30 mil 689 registros entre 2005 y 2015, sólo después de Michoacán donde se registraron 53 mil 246 armas de fuego.
Este martes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que el clima de inseguridad en Guerrero es consecuencia de que los ex gobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega no atendieron las recomendaciones del gobierno federal en materia de formación policiaca y controles de confianza.
El mensaje parece ser claro: si desde el gobierno del estado no hay voluntad, la situación no cambiará. Por ello la urgencia de las organizaciones de una intervención internacional en la entidad y comenzar prácticamente de cero, lo cual daría mucha credibilidad a las cientos de familias que buscan a los suyos tanto en Iguala como en Chilapa, y otras ciudades del estado.
Ojalá esta vez la coordinación federación-estado fluya de manera óptima, para que en un mediano plazo se frene la ola de violencia que desangra a Guerrero. Y ojalá que las mismas autoridades se den cuenta de la situación crítica que atraviesa el estado, porque es inadmisible que organizaciones internacionales vengan a decirles a los diputados que la justicia en el estado donde viven “está mal”, y que Guerrero “es el ejemplo de la falta de esperanza y de que nada puede cambiar”. Aquí todos tenemos que sobrevivir, hasta el tigre “Ankor” que se escapó en Coyuca de Benítez, que de acuerdo al diario El País, el felino “tendrá que intentar sobrevivir en la tierra donde el narcotráfico ha dejado sembrado de cadáveres”.

jueves, 5 de noviembre de 2015

Guerrero: los retos para educación media superior

Disertaciones
Noé Ibáñez Martínez

En su mensaje en Acapulco con motivo de su asunción como gobernador, Héctor Astudillo tocó un tema medular respecto a la situación en que se encuentra la educación en Guerrero, en el que recordó los graves rezagos en este rubro como el alto índice de analfabetismo, la alarmante cifra de deserción escolar y la cobertura, particularmente en la educación media superior.
Respecto a esta última, dijo que el 45% de los jóvenes desertan durante los tres años de bachillerato; es decir, de cada 100 jóvenes de nuevo ingreso, solo 70 continúan a los tres meses o al siguiente semestre; o que de cada 100 jóvenes que están en edad de estudiar el bachillerato, solo se atiende a 75, incluyendo todas las preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero y los subsistemas educativos públicos y privados.
Existen diversos factores que influyen en la deserción de los jóvenes. Una de ellas es por problemas de orden social, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (ENDEMS) 2011, el 49% de los encuestados señalaron que abandonaron los estudios por la falta de recursos para comprar útiles, cubrir los pasajes de transporte, o bien, por no cubrir la cuota de inscripción que solicitaban los planteles. De los que provenían de una familia de escasos recursos, el 18.3% señaló que consideraban más importante trabajar que estudiar, el 17.8% abandonaron la escuela porque les disgustaba estudiar; el 17.5% que por que se embarazó, embarazó a alguien o tuvo un hijo; y el 17.3% por que le tocó un turno distinto al que quería.
Aunado al tema del abandono escolar, la deficiencia en la cobertura es otro de los retos para este gobierno, y es que Guerrero alcanza apenas el 43.6%, de acuerdo al reporte anual Panorama Educativo de México: Indicadores del Sistema Educativo Nacional del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). De seguir con la misma política educativa, sería hasta el 2020 cuando se alcance una cobertura del 95%, según pronósticos de la propia Secretaría de Educación Guerrero.
Dentro de los retos también se suman la inequidad y la calidad en el acceso a la enseñanza, que deben ser correlativos a la cobertura escolar; ya que si se deja a un lado el asunto de la calidad de los servicios educativos, la ampliación de la cobertura tampoco garantiza una reducción de las brechas socioeconómicas en la asistencia escolar.
Además, me parece importante reorientar el sentido de la educación media superior, la cual no debe considerarse solo un eslabón entre la educación básica y la superior, sino debe contar un objetivo y sentido propio; es decir, lograr en los jóvenes una expresión personal y comunicación verbal y gráfica, estimulando hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y conservación del medio ambiente.
Asimismo, debe responder a los retos actuales de la sociedad de la información y el conocimiento y debe dar respuesta a las características de los nuevos “nativos digitales”, brindándoles las herramientas que les permitan analizar y utilizar la abundante información de nuestros tiempos.
Por otro lado, la educación media superior debe promover un vínculo efectivo entre la formación de los jóvenes y el mundo empresarial; es decir, implementar estrategias que permitan a los estudiantes generar un espíritu empresarial, desarrollar cualidades como la creatividad y la asunción de riesgos, así como sensibilizarlos para trabajar por cuenta propia como una opción profesional.
Sobre este rubro, Astudillo Flores anunció en Acapulco la creación del Instituto de Jóvenes Emprendedores, que buscará incorporar a los jóvenes a la dinámica económica y social de la entidad.

En conclusión, los retos que enfrentará el nuevo gobierno en materia educativa son enormes. Por ello, las estrategias deberán ir encaminadas a grupos poblacionales históricamente excluidos con una perspectiva integral, seria y responsable.

martes, 27 de octubre de 2015

Guerrero: los retos del nuevo gobierno de Héctor Astudillo


En los primeros minutos de este martes 27 de octubre inició la transición en el Gobierno del Estado de Guerrero, el mismo día en que se erigió como entidad libre y soberana hace 166 años y se designó como gobernador provisional a don Juan N. Álvarez, quien al siguiente año fue ratificado como gobernador constitucional.
Tras diez años y seis meses en el poder, el Partido de la Revolución Democrática —primero con Zeferino Torreblanca Galindo, luego con Ángel Aguirre Rivero y un fugaz y circunstancial interinato de un año de Rogelio Ortega Martínez—, terminó con la esperanza de miles de guerrerenses que habían creído en un proyecto de transformación social cuando surgió en 1989. Pero por reiterados errores de sus dirigentes y gobernantes, la decepción creció a tal punto que muchos de los fundadores abandonaron el partido y la muestra más clara fue el retorno de un partido bien conocido en Guerrero: el Partido Revolucionario Institucional, con la esperanza de retomar el orden en la administración estatal y por ende, en la sociedad en “un estado problema”, como lo llamó don Moisés Ochoa Campos, con graves rezagos que lo han marginado del desarrollo nacional.

Vuelve Astudillo

Después de diez años, Héctor Antonio Astudillo Flores regresa al PRI la gubernatura de Guerrero. Ganó las elecciones del pasado 7 de junio con un amplio margen frente a la candidata de la alianza PRD-PT, Beatriz Mojica Morga. Astudillo Flores obtuvo 558 mil 622 votos sobre 473 mil 695 de Mojica Morga, es decir, una diferencia de más de 84 mil sufragios.
En el marco de esta conmemoración de la erección del Estado de Guerrero, Astudillo Flores rinde protesta hoy como Gobernador Constitucional para el periodo 2015-2021.
A Astudillo le tocará liderar un estado “ingobernable”, como se ha considerado a Guerrero durante muchos años, tanto que de 1916 a 2015, casi 100 años, sólo siete gobernadores han concluido su periodo para el que fueron electos (Gerardo Rafael Catalán Calvo, Baltazar R. Leyva Mancilla, Rubén Figueroa Figueroa, Alejandro Cervantes Delgado, José Francisco Ruiz Massieu, René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo).
Los casos más recientes de gubernaturas truncadas fueron: 1) La separación de su cargo de Rubén Figueroa Alcocer, el 12 de marzo de 1996, tras los asesinatos de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, y la asunción como interino de Ángel Aguirre Rivero; y 2) La separación de su cargo como gobernador del propio Aguirre Rivero tras los hechos violentos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre en 2014, cuando seis personas murieron a manos de policías municipales y sicarios del grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’, que también derivaron la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Héctor Astudillo, sin duda, no es ajeno a los problemas sociales que aquejan a la entidad. Es un “veterano” de la política local y cuenta con una amplia experiencia como legislador y alcalde. Nació en Chilpancingo y cuenta con 57 años de edad al asumir la gubernatura. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México). Fue secretario particular en el último tramo de la administración de José Francisco Ruiz Massieu cuando éste gobernó Guerrero entre 1987-1993. Fue tres veces diputado local: durante la LIV (1993-1996), la LVI (1999-2000) y la LX legislatura (2012-2015). Se desempeñó como presidente municipal de Chilpancingo en dos ocasiones: 1996-1998 y 2009-2012. Fue senador de la República en la LVIII Legislatura federal (2000-2003). En 2005 fue candidato a la gubernatura pero perdió los comicios ante Zeferino Torreblanca Galindo. En 2012 coordinó la campaña de Enrique Peña Nieto en Guerrero. Este año ganó las elecciones y a partir de hoy es gobernador del estado.

Un estado problema

La máxima autoridad del estado reside en el Gobernador Constitucional, que es electo cada seis años. Por su parte, el Congreso del Estado es la asamblea unicamaral de la entidad. La misma se compone de 46 diputados, de los cuales 28 se eligen por mayoría relativa y el resto por el principio de representación proporcional. El Poder Judicial queda en manos del Tribunal Superior del Estado de Guerrero integrado por 13 magistrados numerarios y 5 supernumerarios.
Constantemente Guerrero es comparado metafóricamente con un papel arrugado, para describir la geografía de la entidad. Probablemente Guerrero es, junto con Oaxaca y Chiapas, uno de los estados donde las características geográficas han tenido mayor peso en su desarrollo económico y configuración política. De los casi 64 mil kilómetros que integran su territorio, sólo una octava parte está formada por valles y lagunas, localizadas principalmente en la estrecha franja costera y en la región de Tierra Caliente situada en la depresión del río Balsas. El resto de la superficie, dominada por macizos montañosos de la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico, es extremadamente accidentada.
A lo largo de su historia, la urdimbre de factores geográficos ha dificultado su integración territorial y ha opuesto obstáculos, a veces insalvables, a su crecimiento económico.

Violencia e inseguridad

Héctor Astudillo hereda un estado muy violento. De acuerdo a las últimas estadísticas del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad, de enero a septiembre de este año se han registrado al menos mil 484 homicidios dolosos, de los cuales más de la tercera parte han ocurrido en Acapulco, en donde hay un promedio de tres crímenes violentos cada día. Estos representan el 10.66% de los 13 mil 920 homicidios que han ocurrido en todo el país.
Incluso, la semana pasada la organización International Crisis Group calificó como “terrorífica” la situación que se registra en Guerrero debido al nivel de violencia y de desapariciones forzadas, y urgió al presidente Enrique Peña Nieto a que actúe con firmeza para restaurar la confianza de los ciudadanos. También sugirió designar un fiscal especial para que investigue las desapariciones forzadas no resueltas y otras graves violaciones a los derechos humano, tal como también lo había propuesto el propio gobernador Astudillo cuando acudió hace un par de semanas a la ciudad de Chilapa para atender a familiares de desaparecidos, a quienes les propuso crear una fiscalía especial para el caso.
Sin duda, pacificar Guerrero será el reto más importante de Héctor Astudillo. No sólo contener la violencia en las grandes urbes producto de la disputa entre grupos delictivos que se dedican al narcotráfico, sino también bajar los índices de secuestro, extorsión, cobros de piso, y delitos menores como robos a casa-habitación y asaltos, incluso también en materia de robos de auto, donde en Guerrero aumentó de 115 a 137 autos robados por cada 100 mil individuos de 2011 a 2014, superando la media nacional de 133 autos por cada 100 mil. A nivel nacional, durante el mismo periodo, el robo de auto se redujo en 77 casos, pasando de 201 a 133, pero en Guerrero aumentó en 17 casos.
También durante décadas Guerrero ha sido trinchera en la batalla por controlar las zonas de producción de marihuana y amapola. Guerrero tiene la peculiaridad —muy negativa para el estado— de que a la vez es un productor muy importante de amapola, más del 40% de la amapola que se produce en el país, y además de los opiáceos que producen heroína y otros estupefacientes, que la vuelven muy atractiva en el mercado mundial de las drogas y en particular en Estados Unidos, donde ha crecido este consumo. También es un productor importante de mariguana desde hace mucho tiempo.
Para ello, el gobernador tendrá que consolidad el Mando Único policial y depurar los policías del estado y de los 81 municipios, con el total respaldo de los presidentes municipales y del gobierno federal, como ya lo anunció el pasado miércoles 21 el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo que se pondrá en marcha “un nuevo plan de seguridad” con el nuevo gobierno en Guerrero.
También, Astudillo Flores deberá regularizar a las llamadas policías comunitarias, particularmente de la UPOEG y el FUSDEG, que operan al margen de la ley en municipios de la Costa Chica y de la región Centro del estado.
El slogan de “Un Guerrero con Orden y Paz” le da esperanza a miles de guerrerenses que confiaron su voto a Astudillo, y esperan que en poco tiempo se contenga el nivel de violencia.

Pobreza y rezago educativo

De los lastres sociales más añejos para Guerrero sin duda es la pobreza y el rezago educativo. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 3 millones 388 mil 768 habitantes, de los cuales 2 millones 315 mil subsisten en condiciones de pobreza o pobreza extrema. La desnutrición, consecuencia de la pobreza extrema, cobra alrededor de 3 mil 500 vidas cada año en Guerrero, y la padecen más de 40 mil niños en condiciones de marginación.
Por su parte, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2014, los niveles de pobreza y pobreza extrema en Guerrero disminuyeron 4.5 y 7.2%, en comparación con 2012, sin embargo, el estado es el tercero con mayor índice de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, después de Chiapas y Oaxaca.
El informe presentado en julio pasado detalla que en 2012 el 69.7% de la población en Guerrero estaba en situación de pobreza, es decir 2 millones 525 mil 800 personas, pero para 2014 la cifra disminuyó a 65.2%, lo que significa 2 millones 502 mil 500 personas.
En cuanto a la pobreza extrema, en 2012 el 31.7% de la población en la entidad se encontraba en esa condición, es decir un millón 111 mil 500 personas, y para 2014 la cifra disminuyó a 24.5%, lo que significa 868 mil 100 guerrerenses.
El informe también indica que en 2014 había 12 mil 600 guerrerenses más (1.3%) en rezago educativo, y 206 mil 400 más (23.2) tuvieron acceso al servicio de salud.
Además 20 mil ciudadanos más (0.7%) no tienen acceso a la seguridad social; pero mil 500 más (0.1%) tienen calidad y espacios de la vivienda; 9 mil 900 más (0.5%) accedieron a los servicios básicos de la vivienda y 16 mil 800 más (1.2) tienen acceso a la alimentación.
Pese a los avances conseguidos de 2012 a 2014, Guerrero se encuentra aún entre los tres estados con mayor índice de pobreza y pobreza extrema en el país.
En cuanto a rezago educativo, de acuerdo al Censo de Vivienda y Población 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010, en Guerrero viven 374 mil 327 personas mayores de 15 años que desconocen el alfabeto, es decir, el 16.68% de la población total, lo que coloca al estado en el segundo lugar nacional solo detrás de Chiapas y por arriba de la media nacional que es el 6.9%.
Además, también persiste un rezago educativo importante en este sector. Por ejemplo, de 1970 a 2010 el porcentaje de personas sin primaria terminada pasó del 43.4% al 14.6%, y las personas sin secundaria terminada incrementó del 7.7% al 20.9%.
Para contrarrestar la violencia, los frentes que Héctor Astudillo deberá atacar e invertir recursos, sin duda, será en el combate a la pobreza y la inversión en la educación y cultura. Tendrá que ampliar la cobertura escolar en zonas marginadas y garantizar que todos los niños del estado tengan acceso a la educación básica. Por otro lado, deberá detener el alto índice de deserción escolar y combatir el analfabetismo.

Desempleo y economía

En el ámbito económico, Guerrero se encuentra en el conjunto de las entidades más atrasadas en cuanto a niveles de bienestar. Según la organización México, ¿Cómo Vamos?, Guerrero es el estado con mayor número de empleos informales con 72.3%, además de que el gobierno saliente dejó al 61.1% de su población en pobreza laboral, es decir, sin un ingreso laboral suficientemente elevado como para poder alimentar a todos los integrantes del hogar.
Esta situación de hambre inducida por la falta de ingreso laboral adecuado se encuentra muy por arriba del nivel nacional de 42% y casi 4 puntos porcentuales por encima del valor con el cual la administración tomó el estado en 2011 (57.6%).
Guerrero es hoy el estado con mayor informalidad del país (72.3%), superando a Oaxaca que logró reducir su informalidad y ahora se encuentra 1.9 puntos porcentuales por debajo de Guerrero (69.9%).
En los últimos tres años, Guerrero también redujo sus exportaciones, pasando de exportar el equivalente de 4.1% de su PIB a sólo 3.5%. El dato lo coloca al mismo nivel que Chiapas, un enorme retroceso, ya que hace apenas tres años Chiapas exportaba sólo dos terceras partes de lo que exportaba Guerrero.
Dos luces que permanecieron en verde durante la administración actual fueron la deuda pública y la desigualdad. La deuda se redujo de 1.7% a 1.3% como porcentaje del PIB. El nuestro es de los estados que más redujo su deuda y la tercera a nivel nacional. A nivel nacional, la deuda pasó de 4.6% a 4.5%.
El estado se compone de ocho regiones: Norte, Montaña, Centro, Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica, Acapulco y la Sierra (recién creada). Cada una de las mismas se distingue por algún factor, ya sean las riquezas naturales, la densidad poblacional o alguna actividad económica. Mientras que en la Costa Chica prolifera la actividad ganadera y en Acapulco destaca la intensa actividad turística; en zonas como la Montaña sobresalen la proporción de grupos indígenas y la mínima urbanización.
Por ello, la riqueza y la población están concentradas en pocos municipios, lo que se traduce en serios contrastes dentro del mismo estado. La agricultura y el sector terciario son las bases de la economía estatal. La actividad agrícola se desarrolla en cerca del 85% de los municipios, aunque una gran parte de la producción se destina al autoconsumo y recientemente sólo aporta el 10% al PIB de la entidad. Por su parte, el turismo y el comercio constituyen poco más del 30% de la actividad económica y han sido apuestas recurrentes por parte de los gobernadores.
Ante este panorama, el gobernador Astudillo deberá incentivar a corto y mediano plazo la economía de la entidad, particularmente en tres rubros: 1) Reactivar el sector turístico, donde —además de los destinos que componen el Triángulo del Sol— deberá promover nacional e internacionalmente otros sitios más que son poco conocidos y visitados; 2) Recuperar la confianza de inversionistas y empresarios para reabrir empresas que cerraron debido a la violencia (principalmente en las regiones Norte, Tierra Caliente y Acapulco), y a su vez, se deberán crear empleos formales para cientos de familias guerrerenses; y 3) Atender el problema del campo que durante varios años estuvo abandonado: hacer que las tierras del estado produzcan y apoyar a los ganaderos y productores con la comercialización de sus productos.
Aunado a esto, Astudillo hereda un grave déficit financiero: un boquete de 5 mil millones de pesos, según declaraciones de Rogelio Ortega. Pero apenas ayer se reiteró que en realidad el déficit financiero que heredará es de 18 mil millones de pesos.
Ante la situación, Astudillo mencionó que pedirá el apoyo financiero del Gobierno federal, y se hará responsable de los adeudos institucionales.

Grupos movilizados y otros retos

Durante su gobierno, Astudillo enfrentará el beligerante activismo de ciertos sectores que durante muchos años se han movilizado para exigir desde mejoras sociales hasta recursos para beneficios particulares. El sector más activo sin duda es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), y el principal motivo en esta ocasión es su oposición a la aplicación de la evaluación docente contemplada en la Reforma Educativa que ellos consideran “punitiva” y que atenta contra la estabilidad laboral.
El 2014 fue sin duda el año más complicado para Guerrero, primero por los hechos violentos suscitados en Iguala que conmocionaron al mundo, y después, las constantes marchas, bloqueos y protestas que afectaron a terceros y ahogaron la economía local.
Además de la CETEG, los normalistas de Ayotzinapa, así como los que integran el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) son otros grupos que sin duda continuarán con sus movilizaciones para exigir plazas docentes automáticas.
El otro sector es el de los padres de los normalistas desaparecidos, quienes con todo el derecho exigen justicia y castigo a los responsables por la barbarie ocurrida en Iguala. Seguramente Astudillo dialogará con ellos para ofrecer su apoyo a fin de llegar a la verdad y a la justicia.
La primera acción va a ser el diálogo con las organizaciones sociales, incluso con las más radicales, como él mismo lo ofreció tras ganar las elecciones, porque si no se pacifica el estado va a ser muy difícil iniciar otros planes de gobierno.
Por otro lado, durante su administración, Astudillo deberá estar atento a otros problemas de índole administrativo. No debe permitir que haya actos de corrupción, nepotismo y su gobierno deberá actuar con total transparencia y rendir cuentas a los ciudadanos que lo llevaron al poder.

Los retos

En Guerrero no se puede seguir haciendo lo mismo. Los gobernantes hacen que medio gobiernan, y los gobernados hacen como que no pasa nada. Por eso hemos llegado a lo que podríamos llamar el Momento negativo guerrerense. Guerrero requiere una cirugía mayor, ideas más imaginativas para solucionar los problemas mayúsculos que hoy enfrenta. Con un rediseño de instituciones y programas gubernamentales que reduzcan la pobreza y la desigualdad rampantes y que den opciones de vida, de desarrollo, a los jóvenes.
El reto de Héctor Astudillo Flores es de dimensiones extraordinarias, por tanto, deberá invertirle un esfuerzo equivalente.

jueves, 22 de octubre de 2015

¿Reinventando a la izquierda mexicana?

Noé Ibáñez Martínez

El pasado 17 de octubre, en un acto en la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presentó un proyecto de nación denominado Por México Hoy, una organización, según ha reiterado, sin tintes electorales que apuesta por ser una plataforma de participación política directamente para la ciudadanía.
En el evento, al que asistieron ex militantes del PRD nacional y local, y actuales líderes de este partido, tomaron protesta como parte de esta organización, la cual, dijo Cárdenas, busca crear una nueva Constitución en el país y revertir las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el acto, los oradores arremetieron en contra del PRD en Guerrero: “…el partido que siempre buscó ser gobierno, una vez que lo logró le dio la espalda al pueblo”, criticó Alejandro Encinas.
Agregó que con el PRD en el gobierno “Guerrero se convirtió en un referente de la más descarnada muestra de represalia, violencia y pobreza”, aunque parece que se le olvidó que él y otros líderes más, eran militantes de este partido hasta poco después de los hechos en Iguala.
Por México Hoy se dio a conocer el pasado 3 de octubre en la Ciudad de México, a 11 meses de que Cuauhtémoc Cárdenas renunciara al PRD, partido que fundó en 1989.
En la organización figuran personajes como Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, el actual coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, el ex líder del sol azteca, Leonel Godoy; así como algunos políticos vinculados con el ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, como Mario Delgado y Elías Moreno Brizuela.
No obstante, pese a que el ingeniero Cárdenas niegue rotundamente que vaya a convertir Por México Hoy en un partido político, los escenarios de la política nacional lo encaminan hacia ello, de lo contrario, no tendría sentido de ser. Entonces, ¿Esta nueva organización es una apuesta más para reinventar la izquierda mexicana? ¿En qué posición política-ideológica se coloca?
En declaraciones, el ex candidato a la presidencia de la República asegura que no es importante hablar de izquierdas o de derechas. Lo único que se necesita es “ser patriota y buscar el bienestar del país”.
Para él, no importa la ideología política, así llegara el de derecha o el de izquierda al poder, lo importante es que busquen un verdadero cambio en la actual situación en que está sumergido México.
“Yo lo que esperaría es que llegara un grupo, un equipo. En todo caso una organización que actúe con patriotismo, que busque el beneficio del país y el ejercicio pleno de la soberanía, el beneficio de la gente. No sé si eso quede en la izquierda, en la derecha, arriba o abajo”, reiteró en una entrevista.
A lo largo de la vida del PRD (26 años), en particular, las palabras “reinventar” y/o “refundar” al partido han estado en el vocabulario de los dirigentes tras diversas crisis políticas-electorales sufridas, producto de graves errores y gatopardismos, que no terminan de asimilar. La principal de ella es su forma de hacer política igual que el partido del centro o el de derecha, que al final es difícil distinguir el uno del otro.
“Es el PRI pero vestido de amarillo”, diría el líder comunista Othón Salazar al renunciar a este partido en 1997, ¡hace 18 años! y auguró su fracaso; esto a través de una carta que le envió a Andrés Manuel López Obrador, cuando éste era presidente nacional del PRD.
Es claro que la descomposición del perredismo representada por un grupo (“Los Chuchos”) que tomó el control del partido a partir de 2006, es fundamentalmente moral, como una progresiva pérdida de valores y de aumento de la corrupción. Al mismo tiempo, si de izquierda estamos hablando, es decir, de un proyecto de transformación social, y no sólo del clivaje honestidad/corrupción, la crisis del PRD es política en toda la amplitud de la palabra.
¿El proyecto de Cárdenas buscará ser un contrapeso del PRI, del PRD, o será una escisión más que terminará por pulverizar lo que queda de la izquierda en México?

hist23@gmail.com
@ibanez_marti

jueves, 15 de octubre de 2015

Los autobuses del caso Iguala ¿cuántos fueron?

Noé Ibáñez Martínez
Las declaraciones en esta semana del titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, de un supuesto sexto autobús ligado al ataque de los normalistas en Iguala, el quinto autobús que presentó el GIEI y que pudo ser el móvil del ataque y la denuncia de la empresa Estrella de Oro sobre el robo de siete unidades horas antes de los hechos, se convirtieron en una controversia sobre el número de camiones involucrados. Ahora la cuestión es: ¿Cuántos autobuses se ligan realmente al caso Iguala?
Por un lado, en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado el pasado 6 de septiembre, uno de los puntos controvertidos fue la “aparición” de un quinto autobús ligado a los hechos en Iguala y que pudo haber sido el móvil del ataque a los normalistas.

En el informe se indica que desde el inicio de sus investigaciones, el GIEI tuvo dudas del número de autobuses involucrados en el caso. Mientras los normalistas y la primera consignación realizada por la PGJ hablaban de 5 autobuses (dos Estrella de Oro, dos Costa Line y un Estrella Roja), la investigación de la PGR señalaba —en un principio— que se trataba de 4 autobuses (sin hacer mención al autobús Estrella Roja), a pesar de que dicha información estaba referida incluso en los testimonios de sobrevivientes tomados el mismo día de los hechos e incluidos en el expediente.

El GIEI señala en su informe que este quinto autobús podría ser un elemento clave para explicar los hechos. Según informaciones recabadas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y los autobuses eran utilizados para esconder y transportar la mercancía.

Por otro lado, el pasado martes 13, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que se investiga un sexto autobús ligado a los hechos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Durante una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el ombudsman nacional destacó que “un punto que ha sido controversial” en el caso es respecto del quinto camión, que de acuerdo al informe del GIEI fue tomado por 14 normalistas y vaciado a punta de balazos por la Policía Federal (PF) a la altura del Palacio de Justicia, en la salida Iguala-Chilpancingo, que fue omitido en el expediente de la PGR. Y luego desapareció del informe oficial que se ha bautizado como “verdad histórica”. Ese camión, dice el informe de los expertos, pudo contener droga o dinero ilícito.

Sobre esto, dijo que la CNDH cuenta con información de un sexto autobús y está desarrollando esa línea de investigación la cual va “muy avanzada”. Aunque se reservó adelantar si este sexto camión llevaba droga, y dijo que prefiere esperar hasta que concluya la investigación.

Finalmente, en el Expediente Ayotzinapa hecho público por la PGR refiere que la empresa Estrella de Oro denunció ante el Ministerio Público de Chilpancingo, el “robo” de siete autobuses a manos de personas que se identificaron como normalistas de Ayotzinapa, horas antes de los ataques, puesto que esos camiones estaban pensados para ser utilizados por los estudiantes para asistir a la marcha del 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México.

En el expediente del caso, específicamente en el tomo 43, página 7, se expone la declaración del abogado de Estrella de Oro, donde relata las características de los siete autobuses robados, y donde habla de dos operadores directamente implicados en la noche del 26 de septiembre, pero uno no fue presentado por incapacidad, y el otro porque se desconocía su paradero, luego que los normalistas “robaran” en octubre su unidad.

En esa declaración del expediente de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/849/2014 no se puede saber toda la información proporcionada por el jurista puesto que es tachada, sin embargo, se alcanza a leer que la denuncia por los siete autobuses robados se realizó el 25 de septiembre ante un Ministerio Público del fuero común de Chilpancingo con número de averiguación previa BRA/SC/05/2374/2014.

El abogado agregó que existió otras denuncias con la averiguación previa BRA/SC/06/2630/2014, en la cual se reportó el robo de más autobuses, entre ellos el que conducía el otro chofer testigo, quien no fue notificado del citatorio de la PGR y no pudo acudir a declarar.

@ibanez_marti

jueves, 1 de octubre de 2015

Un militar encubierto en Iguala

Noé Ibáñez Martínez

El pasado 24 de septiembre, la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez informó que estará disponible para los ciudadanos que la soliciten la versión pública de la investigación sobre los hechos en Iguala, y desde ayer diversos medios nacionales comenzaron a difundir puntos clave que hunden más la llamada “verdad histórica”.
Ahora se sabe que los altos mandos del Ejército dieron seguimiento a la actividad de los normalistas de Ayotzinapa desde su entrada a la ciudad de Iguala y giraron diversas órdenes al personal de tropa a lo largo de la noche en que los estudiantes fueron atacados.
Según la declaración ministerial del coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, quien estaba al mando de las tropas (600 soldados) durante la noche del 26, revela que tuvo comunicación directa con Felipe Flores Velázquez, ex subdirector de Seguridad Pública de Iguala y a quien se señala como responsable de entregar a los estudiantes a sicarios de Guerreros Unidos.
El comandante del 27 Batallón habló, vía telefónica, con el jefe de la policía de Iguala en el momento en que sus elementos tenían sometidos a los normalistas y éste le dijo que todo estaba bajo “control”.
En el C4 de Iguala, indicó el coronel en su declaración, están desplegados de forma permanente dos militares sin poder de mando y sólo como observadores, quienes le informaron sobre la llegada de los estudiantes a la caseta de cobro de Iguala-Puente de Tixtla a las 19:30 horas.
El mando militar revela que en el Ejército existe Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), es decir, soldados desplegados para labores de inteligencia que actúan como civiles.
Al enterarse de la presencia de los normalistas, ordenó a un militar encubierto, que monitoreaba el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, que se trasladara a la caseta donde estaban los estudiantes de Ayotzinapa.
“De ahí se informa que solamente estaban los estudiantes en la caseta boteando, información que se corrobora con el personal del C4, de ahí nos informan que un grupo de estudiantes se trasladaban a la Central de Autobuses”.
El militar encubierto acudió a la central y reportó al comandante del 27 Batallón que los estudiantes pretendían llevarse un autobús y ante la resistencia de los empleados de la central, “comienzan a destrozarlo y se apoderan de otros dos autobuses” hacia el centro de la ciudad.
Para esos momentos, sin citar hora exacta, el mando militar tuvo conocimiento, mediante el C4, que los estudiantes tenían en su poder tres autobuses y los policías municipales de Iguala iban tras de ellos”.
En el primer encuentro entre policías  y normalistas, los estudiantes agreden con piedras a los municipales, según lo informado al comandante por el militar encubierto que les siguió la pista a los hechos hasta ese momento.
Por el C4, los militares se enteraron que los normalistas siguieron su camino, y minutos después, “los detienen las patrullas y se observa que las patrullas rodean los camiones, sabemos por el C4 que se encontraban tres patrullas delante de los camiones y tres detrás de los mismos, de ahí, sólo sabemos que se encuentran detenidos estudiantes y camiones por la Policía Municipal”.
Después le informan que tres heridos de bala eran llevados al Hospital General de Iguala, y casi de inmediato, que los policías de Iguala tenían retenidos a estudiantes frente al Palacio de Justicia en Iguala en varios autobuses, es cuando ocurre el intercambio de información entre el comandante y el jefe de la policía local.
El comandante informa que envió una Fuerza de Reacción al Hospital General, luego un comando al lugar donde fueron atacados Los Avispones y otro más al Hospital Teresa, donde informaron que había personas armadas y que habían sacado al personal médico.
De camino al hospital, los militares se toparon con tres autobuses, todos con impactos de armas de alto calibre y dos cuerpos tirados en la acera pero siguieron su camino porque su prioridad era atender un eventual enfrentamiento en el Hospital Teresa.
Al llegar, una persona que se identificó como normalista les abrió la puerta, los militares se abocaron a buscar a las personas armadas, no interactuaron con los normalistas ni les pidieron explicaciones sobre el muchacho herido de bala que se desangraba en la recepción del hospital sólo les ofrecieron llamar una ambulancia.
Los militares recibieron la orden de regresar donde los tres autobuses baleados, y ahí protegieron la escena del crimen en lo que llegaba los peritos. El grupo de militares presenció cómo minutos después regresaron los normalistas a dar una conferencia de prensa. Los militares se limitaron a pedir a la prensa que no alterará la escena y a delimitar un perímetro de seguridad pero tampoco interactuaron con los normalistas.
Casi al amanecer, personal de la Fiscalía General del Estado terminó el levantamiento en las dos escenas del crimen (la de los Avispones y normalistas), sin que se presentaran elementos de la Policía de Iguala, “tras haber proporcionado apoyo en las labores del personal del fuero común, se reincorpora el personal al batallón.


hist23@gmail.com

jueves, 24 de septiembre de 2015

Documento completo que entregaron padres de normalistas a Enrique Peña Nieto

México D.F, a 24 de septiembre de 2015

C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO.
P R E S E N T E.-

Hoy, a casi un año de los atroces hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, en contra de nuestros hijos y de nuestros compañeros, venimos ante Usted a exigir justicia y verdad a una sola voz.

Ha sido un año lleno de sufrimiento y de angustia por no saber de nuestros hijos. Un año en el que ha privado la simulación y el engaño. También ha sido un año en el que nuestra digna exigencia de justicia ha movido a todo Guerrero, a todo el país y a la comunidad internacional más allá de las fronteras.

No hay palabras que nombren lo que hemos vivido. De la incredulidad pasamos al desconcierto; del desconcierto a la tristeza; de la tristeza a la zozobra; de la zozobra a la rabia. Nuestras vidas han sido destruidas y sólo nos mantiene de pie el amor por nuestros hijos.

Porque fueron agentes y autoridades del Estado, Presidente. Fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, el que permitió que la narcopolítica se afincara en Guerrero, el que generó una mentira histórica que hoy ha sido evidenciada, el que nos torturó al privilegiar los tiempos políticos antes que los derechos de las víctimas.

Aún recordamos su indiferencia durante las primeras semanas de nuestra tragedia. Ignoramos si lo asesoran mal o si su gobierno fue omiso por razones partidistas, pero lo real es que esa negligencia marca de manera indeleble la investigación y compromete la responsabilidad de su Gobierno.

La primera vez que venimos ante Usted, con la desaparición a cuestas tras más de un mes sin saber de nuestros hijos, firmamos con el Presidente de la República 10 compromisos que no fueron cumplidos cabalmente. Su palabra no fue honrada. 

En vez de que se haya procurado la justicia y la verdad, se procuró la mentira. Hoy lo sabemos porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puso en evidencia que lo que su gobierno sostuvo como la verdad histórica no era más que un engaño construido sobre pruebas hechas a modo y sin independencia.

Por eso, venimos ante Usted a exigir que sean cumplidas las principales recomendaciones del Grupo de Expertos Independientes: debe darse un replanteamiento general de la investigación y deben mantenerse los procesos de búsqueda. Para que esto ocurra, necesitamos dos garantías: Primero, Usted como máximo jefe del Estado mexicano debe comprometerse a estar de lado de la verdad y no de la mentira; segundo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes debe continuar su labor hasta que haya justicia y verdad. Estas dos garantías son la base para que sean atendidas nuestras exigencias, que son las siguientes:

1. Reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto. Demandamos que como jefe del Ejecutivo reconozca que nuestra lucha es legítima y exprese públicamente, de manera clara, que la investigación está abierta. Ya no queremos escucharlo decir que debemos superar este dolor y seguir adelante, como si la verdad hubiese sido esclarecida, cuando se nos pretende engañar con mentiras y falsedades; ya no queremos que sus funcionarios se expresen negativamente de nuestro movimiento y cuestionen dolosamente nuestras intenciones.

2. Permanencia del GIEI, aceptación plena del informe del GIEI y sus recomendaciones. Exigimos que públicamente se comprometa a cumplir el Informe del GIEI. Demandamos que se acate, no que se analice. No es posible que algunos de sus funcionarios digan que revisarán el informe y otros salgan públicamente a descalificarlo. Para ello, exigimos que así se señale públicamente, que el Gobierno Federal publique en el Diario Oficial de la Federación el resumen ejecutivo del Informe, y que se haga una nueva edición con amplia distribución en todo el país de dicho reporte. Además, demandamos que al cumplirse un año del mandato del GIEI reciba de ellos mismos y con nuestra participación, el informe a un año de sus labores, con base al cual se evaluará su permanencia para continuar monitoreando la implementación de todas sus recomendaciones.

Sabemos que su gobierno ha propuesto que el GIEI continúe durante 6 meses más. Nosotros demandamos que su mandato se prorrogue durante un año más, pues consideramos que sería el tiempo suficiente para que los expertos verifiquen la reestructuración de la investigación, la implementación de una estrategia de búsqueda profesional de nuestros hijos, pero además la implementación de una política pública integral que evite que estos hechos se vuelvan a repetir. Es momento Presidente de comprometerse a que este país cambie y se asegure la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

3. Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar. Al saber que la Procuraduría quiso engañarnos, una y otra vez nos preguntamos cómo podríamos volver a confiar en una institución que se burló de nosotros. Lo cierto es que no podemos volver a confiar. Pero si fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, no podemos dejar de exigir al Estado que los busque. Sabemos que formalmente la investigación debe continuar, pero para revertir el daño hecho exigimos que la indagatoria: 

a) Salga de la SEIDO y sea ubicada directamente en la Oficina de la Procuradora;
b) Sea conducida por un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos;
c) Se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos y la coadyuvancia;
d) Pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense;
e) Presente periódicamente los avances de la investigación;
f) Cuente con los recursos y facultades para incentivar la cooperación de testigos e informantes, previo visto bueno del Grupo de Expertos;
g) Haga suyo el peritaje generado por el Grupo de Expertos respecto del supuesto fuego de Cocula;
h) Agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero; y
j) Parta de la base fáctica de hechos comprobados por el GIEI.

Sin esas condiciones, es imposible cumplir con el replanteamiento recomendado por los expertos.

Por otro lado, la unidad especial de investigación que demandamos deberá también investigar a quienes por acciones u omisiones pueden tener responsabilidad en la obstrucción de la justicia fabricando versiones carentes de prueba. En particular, exigimos que se investigue la responsabilidad del ExGobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del ExProcurador de Guerrero, Iñaky Blanco; del ExProcurador, Jesús Murillo Karam; del Titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; y de la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría.

4. Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología. A lo largo de todo este año hemos sufrido la falta de coordinación de su gobierno en lo concerniente a la búsqueda de nuestros hijos. Sin inteligencia y sin articulación, cada dependencia o fuerza policial realizó supuestas acciones de búsqueda sin profesionalismo. Hoy exigimos que, bajo la conducción de la unidad especial de investigación, se reconcentren los trabajos de búsqueda para que estos se conduzcan con base en análisis de inteligencia, con uso de toda la tecnología disponible. En particular, exigimos que se instale una mesa para la planeación de operativos regionales de búsqueda y que se use a la brevedad la tecnología recomendada por el Grupo de Expertos desde su primer informe, incluyendo lo relacionado con la telefonía, la georreferenciación de los puntos de búsqueda y el empleo de la técnica LIDAR para el uso de georradares aéreos. Para ello se requiere que Usted desde la Presidencia impulse estas medidas. 

5. Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de nuestros compañeros ejecutados extrajudicialmente. Trato digno a las víctimas. A un año de los hechos, siguen habiendo fallas en la atención de los heridos y de las familias de los fallecidos. Segundas opiniones internacionales que no se realizan; operaciones que se posponen; derechos que se niegan. Las instancias de atención de víctimas actúan descoordinadas y se guían por criterios burocráticos. Por otro lado, en todo momento se privilegia lo mediático y lo político cuando hay un anuncio relevante en la investigación, por encima de nuestros derechos, sin ningún respeto por el dolor que sentimos y sin ninguna humanidad. Ya no toleraremos más tratos indignos.

6. Respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas. A lo largo de todo este año, hemos visto cómo su Gobierno pone más recursos y destina más personal en contener y reprimir las legítimas actividades de la Normal que en buscar a nuestros desaparecidos. Mientras que a los estudiantes se les vigile y se les monitorea, como ocurrió con nuestros muchachos por medio del C4, a los delincuentes que operan y que gobiernan en Guerrero se les permite actuar en la impunidad. Mientras que se protege a los narcotraficantes, se confunde permanentemente a la opinión pública a través de la estigmatización dolosa de la Normal. Demandamos respeto a la dignidad de nuestros hijos, de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de todos los normalistas de México.

7. Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a nuestros derechos. Durante un año hemos tenido que enfrentar noticias muy duras en soledad, sin poder comunicarnos con nuestras familias, sin conocer la información de primera mano, todo porque su gobierno ha priorizado sus tiempos y estrategias políticas, por encima del dolor de las familias y sus derechos como víctimas. Hace solo un par de semanas confirmamos su desdén por nuestro dolor, por lo que puedan sentir nuestras familias en casa, cuando volvieron a mentirnos a nosotros y a la sociedad mexicana tergiversando verdades. No podemos permitir que sigan causándonos más dolor, por lo que es necesario que se establezca un mecanismo claro y respetuoso de información relativa a la investigación y búsqueda de nuestros hijos en el que se garantice el respeto a nuestros derechos como víctimas y a nuestra privacidad.

8. Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México. A lo largo de este año, hemos aprendido que nuestros 43 hijos no son los únicos desaparecidos, nuestro dolor es tan generalizado como las desapariciones. Decenas de miles de familias buscan a sus seres queridos mientras nuestro país se convierte en una inmensa fosa clandestina. Usted debe hacer algo por los desaparecidos o, de lo contrario, el clamor de las familias que buscamos a quienes nos faltan lo seguirá a donde vaya y en donde esté, incluso después de que termine su mandato. Para responder a esta grave crisis que vive el país, el primer paso es escucharnos, escuchar a quienes sabemos lo que es buscar a nuestros desaparecidos, escuchar a quienes enfrentamos la indiferencia de las instituciones día a día. Las políticas y leyes para enfrentar esta situación deben ajustarse a las exigencias de quienes enfrentamos esta vivencia atroz; como lo han dicho las familias que comparten nuestra rabia y nuestro dolor en el marco de la discusión de la Ley General de Desaparición Forzada: ¡Sin las familias NO!

Por otro lado, la crisis que vive nuestro país es de tal magnitud que se requieren acciones de fondo. El GIEI es un paso en la dirección correcta; es necesario profundizar ese camino. Por eso, en el marco de su visita a las Naciones Unidas a partir de este domingo 27 de septiembre, en donde incluso se reunirá con el Secretario General Ban Ki-moon, demandamos que requiera formalmente y por la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad.

Usted mismo señor presidente en su discurso del 21 de agosto del presente año en el marco de la 38va sesión del Consejo Nacional de Seguridad advirtió: “los mexicanos hemos ido perdiendo algo fundamental para crecer como sociedad y como país: la confianza. La confianza en el gobierno federal, en los gobiernos locales, en el Congreso federal y en las Legislaturas de los estados, en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial de las distintas entidades”. Es momento de comprometerse con su país entero y efectuar cambios de gran calado.

Nuestros hermanos guatemaltecos, ante una situación similar, decidieron profundizar la cooperación internacional para fortalecer el Estado de Derecho mediante un esquema similar, a partir de la llamada CICIG, han construido la justicia que hoy no tenemos en México. Como muestra el caso de nuestros hijos, los pactos de impunidad que subsisten en México son tan fuertes, que solo mediante una iniciativa de esta magnitud podrán ser revertidos. Para dar forma a esta iniciativa, se precisa una consulta amplia entre las víctimas, la sociedad civil, la academia y las instituciones estatales.   

En esta tónica, dado que será orador en la Asamblea General la Organización de las Naciones Unidas, le pedimos que en el discurso que dará en esa ocasión reconozca la legitimidad de nuestra lucha, la convicción del Estado mexicano para acatar el Informe presentado por el GIEI y su disposición para profundizar la cooperación internacional en el fortalecimiento del Estado de Derecho.


Presidente: No confiamos en sus instituciones y en su gobierno, que dolosamente buscaron engañarnos, pero el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle una vez más que los encuentre, que los encuentre ya.

Mientras que no conozcamos con pruebas irrefutables el paradero de nuestros hijos; mientras las víctimas no seamos tratadas con dignidad; mientras los asesinos no sean detenidos y castigados; mientras los narcopolíticos sigan gobernando; mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se asociará el de Ayotzinapa como símbolo de la impunidad y la corrupción que reina en el país. Mientras no sepamos dónde están nuestros hijos, nuestro grito seguirá resonando en todo el país:



¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DE LOS 43 NORMALISTAS

 FAMILIARES DE LOS NORMALISTAS HERIDOS

 FAMILIARES DE LOS NORMALISTAS EJECUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE

 COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA.


OTHÓN SALAZAR