Noé Ibáñez Martínez
El tema de la liberación de los presos políticos o
de ‘conciencia’ como los definió el abogado de Derechos Humanos Tlachinollan,
Vidulfo Rosales Sierra, cobró nuevamente impulso desde los Estados Unidos, en
el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto quién se reunió con
Barack Obama para tratar el asunto de los migrantes y de la seguridad.
La presión de Estados Unidos a través del embajador
de esa nación en México, Earl Anthony Wayne, no cede; particularmente en el
caso de Nestora Salgado, pues le preocupa el manejo político que se le ha dado.
A través de una carta dirigida al gobernador Rogelio
Ortega, Anthony Wayne le pidió que se revisara el caso de Nestora Salgado, pues
“nos preocupa el maneja que le ha dado al caso el Procurador del Estado de
Guerrero (actual Fiscalía General del Estado), ya que ha hecho que se originen
dudas de si los cargos en contra de la señora Salgado se derivan de cuestiones
políticas”.
El embajador norteamericano en México agregó en la
carta:
“La señora Salgado ha estado detenida desde agosto
del 2013 por cargos que se derivan de sus actividades como líder de la
organización de la comunidad indígena en Olinalá, Guerrero. La embajada de
Estados Unidos está muy preocupada sobre el trato que la señora Salgado ha
recibido hasta este momento”.
“Me gustaría pedirle que su caso sea revisado lo
más pronto posible. Ya han pasado 14 meses desde el día de su arresto y ha
habido mínimo progreso en el proceso judicial. La Sra. Salgado permanece
aislada en la prisión bajo condiciones austeras”, describió Wayne.
El 1 de enero de este año, Nestora debió de estar
libre, el gobierno del estado tenía previsto desistir en las acusaciones en su contra,
sin embargo, algo pasó y continúa presa. Según declaraciones del diputado del
PRD, Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, el
secretario de Gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado le informó que la
Fiscalía no se había desistido en el día ofrecido, con el argumento de que
habían surgido algunos ‘inconvenientes’.
Sobre esto, López Suárez insinuó que se trata de
personajes que aún tienen influencia en la Fiscalía del Estado, vinculados al
ex procurador Iñaki Blanco, y quienes habían ‘fabricado’ los delitos por los
que se le acusa a Nestora.
Hace apenas cuatro días, el presidente de la
Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez acusó al
Gobierno del Estado de “orquestar una venganza política” junto al gobierno
municipal de Olinalá contra la coordinadora de la Policía Comunitaria.
El perredista declaró que la detención de la líder
comunitaria “fue un exceso” y que obedeció a intereses particulares del alcalde
Eusebio González Rodríguez y del síndico Armando Patrón Jiménez, de Olinalá.
Este último, quien acusa a Nestora y su grupo de
policías comunitarios de secuestro, dijo que si salía libre, no se cruzará de
brazos en espera de que vuelva a Olinalá y advirtió que se defenderá.
