Noé
Ibáñez Martínez
La
renuncia de Ángel Aguirre Rivero como gobernador la tarde del jueves 23, no ha
resuelto la crisis política y social que vive el estado. La toma de alcaldías,
la quema de oficinas gubernamentales y el saqueo de tiendas departamentales
continúan por parte de maestros de la Ceteg, normalistas y otras organizaciones
sociales; a pesar de que una de las razones por las que dijo que se separaba
del cargo era para "favorecer el clima político".
Esto
demuestra que el problema no era un solo hombre, sino el sistema, que compete
también gobierno federal. Es decir, el conflicto pasaba por un hombre, pero su
solución no radicaba solo en ese hombre. En este caso, a pesar de la magnitud
del problema (cuyo antecedente ya tenía conocimiento la Federación) el primer
error fue deslindarse y evadirse la responsabilidad como Estado, cuando bien se
supo que policías municipales estaban ligados con el crimen organizado.
A
tres días de la renuncia de Aguirre y a un mes de la matanza y desaparición de
43 normalistas, la PGR no los ha localizado como tampoco a los responsables
quienes también convirtieron a Iguala en un cementerio; esto motivó que los padres
de los estudiantes rompieran el diálogo con la Procuraduría. Ahora, buscan
reunirse con el inquilino de Los Pinos, quien seguramente no les dará otra
respuesta más que decir que los seguirán buscando… a través de la PGR.
La
salida de Aguirre no ha mejorado el ambiente político. Al contrario, la
atención ya no es por la búsqueda de los normalistas sino saber quién quedará
de gobernador interino y qué intereses podría representar en cara a las
elecciones del 2015; que es punto primordial que le preocupa y ocupa al PRD.
Entonces,
si la administración de Peña Nieto era el ejemplo internacional con el rosario
de reformas estructurales a debutar en el inicio del 2015, ¿qué ocurrió en tan
pocas semanas como para desplazar la tranquilidad y esperanza que despertaba el
llamado “Mexican Moment”?
¿Era
falso que todo estuviera bajo control y se vendieron soluciones que no atacaron
los problemas? ¿O es que algunos grupos –legítimos e ilegítimos- vieron
amenazados sus intereses, sus cotos de poder y se dedican ahora a
desestabilizar a un gobierno que amenazó sus privilegios?
Que
el gobierno federal no tenga respuestas a estas preguntas como tampoco
encuentre a los desaparecidos después de un mes, aun teniendo las pruebas, no
habla bien de los sistemas de inteligencia en operación que presumen en los
medios de comunicación, como la compra millonaria de drones y sofisticados
equipos de intervención telefónica. Además de contar con corporaciones
policiacas y fuerzas especiales que podrían (si quieren) encontrar fácilmente a
los delincuentes y, por supuesto, a los normalistas.
Entonces
esto hace pensar que existen otros intereses más perversos detrás de las
desapariciones, que podría ir más allá del ámbito municipal y arruinar el
“Mexican Moment” de Peña Nieto; pero lo que buscan mientras es ganar tiempo,
¿para qué? Solo ellos saben. Pero lo que sí es cierto es que el Estado mexicano
ha demostrado cabalmente su incapacidad.
Por
eso insisto, en que algunos celebren como victoria política la salida de Ángel
Aguirre, no será suficiente para detener la descomposición social que comenzó
hace décadas con la complicidad entre gobiernos (de los tres niveles) y crimen
organizado; cuya consecuencia es la hoy atraviesa Guerrero.