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| Marcha por la paz en Chilpancingo. 30 de enero de 2014. |
Noé Ibáñez Martínez
El próximo 5 de
febrero, se instalará en el Distrito Federal, en el marco del 97 aniversario de
la promulgación de la Constitución
Política de 1917, —la cual rige actualmente en el país, aunque su contenido
ha sido reformado más de 200 veces, aunadas las actuales reformas estructurales
de Enrique Peña Nieto— el denominado Congreso Popular, convocado por diversos
sectores sociales, académicos e intelectuales. ¿Cuál es la finalidad?
Desde la lucha armada
de la Revolución, las demandas y los derechos sociales quedaron plasmadas en la
Constitución de 1917, pareciera ser que al fin llegaría la justicia, la paz, la
igualdad y la oportunidad de una vida digna, sin embargo, la clase política,
los partidos y los intereses particulares robaron el futuro y la ilusión de
millones de mexicanos, secuestraron el poder y se adueñaron de la riqueza
nacional, en pocas palabras, traicionaron al pueblo violando la Constitución.
A lo largo de los
años, los partidos políticos han predicado una falsa democracia, inexistente,
fantasmal, aparente, simuladora… una democracia sin pueblo. A partir de la
década de los 70s, tomó auge la llamada “transición democrática” promovida por
el gobierno federal a través de la Reforma
Política en 1977, la cual permitía que los partidos, agrupaciones,
organizaciones sociales y civiles de oposición, pudieran participar por la vía
legal en la vida política del país. Hasta hoy en día, no se ha consumado el
ejercicio pleno de la democracia, al contrario, ha sido usado para justificar
el fraude, la corrupción, la violencia, la pobreza y el abuso del poder por la
oligarquía.
Los convocantes a la
instalación del Congreso Popular, cuyas bases para participar se pueden
consultar en: www.congresopopular.org, sostienen
que “los representantes populares no representan al pueblo de México, las
instituciones no aseguran el respeto a la ley, los gobiernos no miran por el
bien común y se encuentran coludidos con los más abyectos intereses. Además,
los medios de comunicación hegemónicos ocultan, desinforman e incomunican a los
ciudadanos. Y también, los procesos electorales ya no son confiables, los
fraudes electorales (1988, 2006 y 2012) y las reformas antipopulares en materia
energética, política, educativa, financiera, fiscal y laboral, evidencian la
esterilidad de las instituciones realmente existentes”.
La finalidad del
Congreso Popular es que los ciudadanos conscientes y libres, participen y
decidan de manera directa por medio de acciones coordinadas, pacíficas y
contundentes, sobre la vida pública de su entorno social y del país; frente a
la ingobernabilidad manifiesta en varias partes del país, donde la violencia se
ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos, quienes se
sienten atemorizados y secuestrados frente a un problema el cual el gobierno es
incapaz de resolver e incluso tiene colusión con el crimen organizado.
Ejemplo de ello, son los recientes sucesos de violencia que azotan al estado de Guerrero y otras regiones del país, como consecuencia de una brutal descomposición social originada por las injusticias socioeconómicas y la ineptitud gubernamental para atender las demandas de los ciudadanos. Los gobiernos actuales son guiados por una política pública que lejos de disminuir la brecha de la desigualdad, la dilata, y la herida apenas cicatrizada abre paso nuevamente al Guerrero bronco donde los "rituales de la barbarie se niegan a remitir pero con balas y sangre son la respuesta crónica al pacífico reclamo social".
La instalación del Congreso Popular el próximo 5 de febrero, puede ser una oportunidad para reorganizar a la sociedad, reorientar la política pública y proponer iniciativas que ayuden a combatir y disminuir la violencia que cada día lastima, hiere, mata y destruye a cientos de familias mexicanas.
Ejemplo de ello, son los recientes sucesos de violencia que azotan al estado de Guerrero y otras regiones del país, como consecuencia de una brutal descomposición social originada por las injusticias socioeconómicas y la ineptitud gubernamental para atender las demandas de los ciudadanos. Los gobiernos actuales son guiados por una política pública que lejos de disminuir la brecha de la desigualdad, la dilata, y la herida apenas cicatrizada abre paso nuevamente al Guerrero bronco donde los "rituales de la barbarie se niegan a remitir pero con balas y sangre son la respuesta crónica al pacífico reclamo social".
La instalación del Congreso Popular el próximo 5 de febrero, puede ser una oportunidad para reorganizar a la sociedad, reorientar la política pública y proponer iniciativas que ayuden a combatir y disminuir la violencia que cada día lastima, hiere, mata y destruye a cientos de familias mexicanas.
Entre los que
participarán en el Congreso, destacan nombres como: Hugo Aboites, John
Ackerman, Julio Astillero, Abel Barrera Hernández, Alberto Betancourt, Lydia
Cacho, Héctor Díaz-Polanco, Enrique Dussel, Carlos Fazio, Minervino Morán,
Robespierre Moreno, Manuel Pérez Rocha, Elena Poniatowska, Octavio Rodríguez
Araujo, Julio Scherer Ibarra, Javier Sicilia, Alejandro Solalinde, Paco Ignacio
Taibo II, John Saxe-Fernándéz, entre otros.
