Noé Ibáñez
Martínez
Además del
histórico bajo índice de desarrollo humano en Guerrero a consecuencia del nivel
socioeconómico y a la marginación, el fenómeno de la inseguridad se colocó en
la última década como uno de los principales agentes que incide directamente en
la esperanza de vida de los guerrerenses.
De acuerdo al
informe Homicidio: una mirada a la
violencia en México presentado esta semana por el Observatorio Nacional
Ciudadano, revela que en 10 años, de 2003 a 2013, la esperanza de vida de los
mexicanos se redujo, en promedio, cinco meses, y hasta casi dos años en el caso
de Chihuahua, seguido por Guerrero con una reducción de 1.21 años, debido a la
incidencia de los homicidios.
Recordemos que
hace unas semanas, el Instituto por la Economía y la Paz reveló que Guerrero es
la entidad más violenta en el país, y tres de sus ciudades de más de 100 mil
habitantes superaron la tasa de homicidio doloso tan solo en 2014: Acapulco
(70), Chilpancingo de los Bravo (64), e Iguala de la Independencia (18).
Otros estados
donde también se redujo la esperanza de vida son: Sinaloa (1.02), Durango
(0.83), Baja California (0.62), Nayarit (0.62), Morelos (0.49), Michoacán
(0.49), Oaxaca (0.48), Tamaulipas (0.44), Colima (0.42) y Sonora (0.42).
El informe detalla
que el grupo de edad más afectado por los homicidios va de los 15 a los 29
años; es decir, la población joven.
Otro dato
importante que revela este estudio es que entre 2012 y lo que va de 2015, en el
80 % de casos de los secuestros que terminaron en asesinato, no hubo ningún
detenido.
En México, el pago
de importantes sumas de dinero por el rescate de una víctima en caso de
secuestro no es garantía para conservar la vida.
En este mismo
lapso de tiempo, se registraron hasta 320 casos de víctimas de secuestro en
México —más de 100 al año, casi 9 al mes— que terminaron con el asesinato de la
persona.
La entidad con más
secuestros que finalizaron en homicidio es el Estado de México, que acumula 25 %
de los casos. Le siguen Morelos (9.4 %), Guerrero (8.8 %), Veracruz (7.8 %),
Tamaulipas (7.5 %), DF (5.6 %), Michoacán (5.3 %), Jalisco (5 %), Baja
California (4.7 %) y Tabasco (3.4 %).
En este sentido,
el documento hace hincapié que tan solo en cinco entidades —Edomex, Morelos, Guerrero,
Veracruz y Tamaulipas—, se concentra hasta el 60 % de secuestros en los que la
víctima murió a manos de sus captores.
Del total de esas
320 víctimas —250 hombres y 70 mujeres—, la mayoría (30%) eran comerciantes,
aunque también hay casos de empleados (20 %), e incluso de estudiantes (16 %).
Del resto se desconoce cuál era su ocupación.
Lo más grave de
estos casos es que en el 80 % de los secuestros reportados entre 2012 y 2015,
no hubo ningún detenido.
De acuerdo al
Observatorio Nacional Ciudadanos, lo más grave se concentra en Guerrero, donde
no hubo ni un solo detenido derivado de la comisión de estos secuestros que
acabaron en homicidio.
Por el contrario,
el informe señala que entre 2012 y lo que va de 2015 se detuvieron 216 personas
por este delito aunque precisa que “la mayor parte de las detenciones fue
múltiple”; es decir, que se capturó a más de una persona por caso de secuestro.
Las entidades con
más detenidos son Veracruz (20 %), Jalisco (11 %), Oaxaca (8 %), Tamaulipas (6 %)
y Tlaxcala (6 %).
Estos datos sin
duda reflejan la crítica situación de inseguridad y violación radical de
Derechos Humanos no solo en Guerrero sino en todo el país. Mientras por un lado
el gobierno destina millones de pesos en programas sociales, en combatir el
analfabetismo y en obras de infraestructura y de servicios, con el fin
precisamente de mejorar el índice de desarrollo humano y por ente, la esperanza
de vida; por el otro lado el fenómeno de la violencia resta y pulveriza todos
estos esfuerzos.
Bien lo considera
Alejandro Hope, analista especializado en temas de seguridad, drogas y delito, “un
Estado que no protege el derecho a la vida, es un Estado que no protege nada”.
hist23@gmail.com
