Justicia fallida en Guerrero

El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes activistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos e introducidos en vehículos policiales en Iguala, Estado de Guerrero. Desde entonces, ninguno de los estudiantes —43 en total— ha sido visto de nuevo.

La desaparición de los 43 estudiantes, atribuida a intereses corruptos entre políticos locales, narcotraficantes y policías, desató protestas a lo largo y ancho del país debido a la frustración que provoca la impunidad. Esta atrocidad se convirtió en símbolo de la incapacidad de México de proteger a sus ciudadanos de homicidios y desapariciones, así como para investigar y sancionar a los culpables.

Justicia fallida en el estado de Guerrero analiza los factores que subyacen a dicha incapacidad, y ofrece recomendaciones para cambiar la situación. El resultado de más de dos años de investigación y análisis por parte de expertos nacionales e internacionales se condensa en este informe, que ofrece el análisis más exhaustivo hasta la fecha de las deficiencias estructurales del sistema de justicia de Guerrero; fallas que han permitido a los autores de la violencia actuar con casi absoluta impunidad.

Justicia fallida en el estado de Guerrero pone de manifiesto la profunda ausencia de voluntad política para frenar los abusos y llevar ante la justicia a los agentes estatales implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Asimismo, propone un plan de reformas que sienten las bases para la recuperación de la confianza en el sistema de justicia y el Estado de Derecho en Guerrero.

El informe completo en la siguiente dirección:

 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/justicia-fallida-estado-guerrero-esp-20150826.pdf

 

Guerrero: retos del próximo gobierno

Noé Ibáñez Martínez

A casi dos meses del cambio de gobierno en Guerrero, el restablecer la estabilidad social, política y de seguridad, e impulsar el desarrollo de la entidad, son los retos de corto y mediano plazo para el próximo gobernador.

En mayo pasado, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa propuso una selección de indicadores para conocer el escenario en materia de seguridad, educación, gasto público, transparencia del proceso presupuestal y corrupción que encontrarán los próximos gobernadores, entre ellos, el de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Estos indicadores buscan evaluar la gestión de los gobernadores salientes y ser un punto de partida para medir el desempeño de los nuevos mandatarios estatales, explicó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

A raíz de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, aunada a la falta de desarrollo y de mejora en las condiciones de vida en Guerrero a través de los años, colocan a la entidad con peor desempeño en todos los indicadores que México Evalúa seleccionó en materia de seguridad, educación, gasto público, rendición de cuentas y corrupción, salvo en los ámbitos de la deuda estatal y de la confianza en la policía estatal.

En el ámbito de la Seguridad Pública, mientras a nivel nacional el 24.9% de la población se sentía segura en 2014, en Guerrero solamente el 18.9% de los  habitantes compartían esta percepción. La entidad se ubicaba entonces en el octavo lugar de los estados con menor percepción de seguridad.

No obstante, dos meses después, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) presentó el informe Índice de Paz México 2015 en el que colocaba a Guerrero como el estado más violento del país.

“Los crímenes cometidos por la delincuencia organizada se ubican por encima del promedio nacional (…) (Guerrero) es tierra propicia para más homicidios, porque saben que no se van a castigar. A Guerrero solo se le puede comparar con sí mismo”, dijo la vocera de la organización, Patricia de Obeso.

Este mismo informe ubicó a los municipios de Acapulco y Chilpancingo, dentro de las cinco ciudades más inseguras del país por tener los índices más bajos de paz, junto con Culiacán, Sinaloa; Tecomán, Colima y La Laguna en Coahuila.

Por otra parte, mientras que la confianza en la policía estatal bajó entre 2011 y 2013 para situarse muy por debajo del promedio nacional, mejoró notablemente en 2014.

En el ámbito educativo, las constantes protestas magisteriales contra la reforma educativa, así como la pérdida de un número importante de días de clase, han contribuido a la baja calidad educativa en el estado.

Los resultados de las pruebas ENLACE y PISA confirman este diagnóstico, señala México Evalúa. De acuerdo con ENLACE (2013), 89.9% de los alumnos de tercer grado de secundaria pública en la entidad tuvieron un nivel insuficiente o elemental en Español, contra 65.7% a nivel nacional, y 74.2% en Matemáticas, contra 62.9 % a nivel nacional. De 6 niveles, la Prueba PISA (2012) reporta que Guerrero tuvo los peores resultados en el país.

En Lectura, el 69.3% de los alumnos se encontraba en el Nivel 1 o debajo de éste, contra 41.1% a nivel nacional, y en Matemáticas, el 79.8%, contra 54.7% a nivel nacional.

En el ámbito de gasto público y rendición de cuentas, mientras que otros estados tienen niveles de deuda pública muy altos, Guerrero destaca por su nivel muy bajo.

En 2013, el gasto ejercido por el estado rebasó el gasto aprobado por 22.52%. Por otra parte, la entidad tiene una recaudación muy baja: los ingresos propios de la entidad representaron solamente 5.7% del gasto total, cuando el promedio nacional rebasa el 15%.

En materia de compras gubernamentales, al revisar la legislación estatal de adquisiciones, la de transparencia y portales web del gobierno, México Evalúa identificó un alto nivel de opacidad, pues, muchos documentos que se publican a nivel Federal no se publican a nivel del estado.

En el tema de la corrupción, la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) reporta que el 90.09% de los ciudadanos guerrerenses percibe una alta ocurrencia de prácticas corruptas, porcentaje superior al promedio nacional, en el que 88.3% de los ciudadanos tienen esta percepción, destacó México Evalúa.

En este contexto, el próximo gobernador tendrá la ardua encomienda de restablecer la estabilidad y encaminar el estado hacia una mejora estructural e institucional que permita a los guerrerenses encontrar mayores oportunidades de progreso.

hist23@gmail.com

Guerrerenses viven 1.21 años menos

Noé Ibáñez Martínez

Además del histórico bajo índice de desarrollo humano en Guerrero a consecuencia del nivel socioeconómico y a la marginación, el fenómeno de la inseguridad se colocó en la última década como uno de los principales agentes que incide directamente en la esperanza de vida de los guerrerenses.

De acuerdo al informe Homicidio: una mirada a la violencia en México presentado esta semana por el Observatorio Nacional Ciudadano, revela que en 10 años, de 2003 a 2013, la esperanza de vida de los mexicanos se redujo, en promedio, cinco meses, y hasta casi dos años en el caso de Chihuahua, seguido por Guerrero con una reducción de 1.21 años, debido a la incidencia de los homicidios.

Recordemos que hace unas semanas, el Instituto por la Economía y la Paz reveló que Guerrero es la entidad más violenta en el país, y tres de sus ciudades de más de 100 mil habitantes superaron la tasa de homicidio doloso tan solo en 2014: Acapulco (70), Chilpancingo de los Bravo (64), e Iguala de la Independencia (18).

Otros estados donde también se redujo la esperanza de vida son: Sinaloa (1.02), Durango (0.83), Baja California (0.62), Nayarit (0.62), Morelos (0.49), Michoacán (0.49), Oaxaca (0.48), Tamaulipas (0.44), Colima (0.42) y Sonora (0.42).

El informe detalla que el grupo de edad más afectado por los homicidios va de los 15 a los 29 años; es decir, la población joven.

Otro dato importante que revela este estudio es que entre 2012 y lo que va de 2015, en el 80 % de casos de los secuestros que terminaron en asesinato, no hubo ningún detenido.

En México, el pago de importantes sumas de dinero por el rescate de una víctima en caso de secuestro no es garantía para conservar la vida.

En este mismo lapso de tiempo, se registraron hasta 320 casos de víctimas de secuestro en México —más de 100 al año, casi 9 al mes— que terminaron con el asesinato de la persona.

La entidad con más secuestros que finalizaron en homicidio es el Estado de México, que acumula 25 % de los casos. Le siguen Morelos (9.4 %), Guerrero (8.8 %), Veracruz (7.8 %), Tamaulipas (7.5 %), DF (5.6 %), Michoacán (5.3 %), Jalisco (5 %), Baja California (4.7 %) y Tabasco (3.4 %).

En este sentido, el documento hace hincapié que tan solo en cinco entidades —Edomex, Morelos, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas—, se concentra hasta el 60 % de secuestros en los que la víctima murió a manos de sus captores.

Del total de esas 320 víctimas —250 hombres y 70 mujeres—, la mayoría (30%) eran comerciantes, aunque también hay casos de empleados (20 %), e incluso de estudiantes (16 %). Del resto se desconoce cuál era su ocupación.

Lo más grave de estos casos es que en el 80 % de los secuestros reportados entre 2012 y 2015, no hubo ningún detenido.

De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadanos, lo más grave se concentra en Guerrero, donde no hubo ni un solo detenido derivado de la comisión de estos secuestros que acabaron en homicidio.

Por el contrario, el informe señala que entre 2012 y lo que va de 2015 se detuvieron 216 personas por este delito aunque precisa que “la mayor parte de las detenciones fue múltiple”; es decir, que se capturó a más de una persona por caso de secuestro.

Las entidades con más detenidos son Veracruz (20 %), Jalisco (11 %), Oaxaca (8 %), Tamaulipas (6 %) y Tlaxcala (6 %).

 

Estos datos sin duda reflejan la crítica situación de inseguridad y violación radical de Derechos Humanos no solo en Guerrero sino en todo el país. Mientras por un lado el gobierno destina millones de pesos en programas sociales, en combatir el analfabetismo y en obras de infraestructura y de servicios, con el fin precisamente de mejorar el índice de desarrollo humano y por ente, la esperanza de vida; por el otro lado el fenómeno de la violencia resta y pulveriza todos estos esfuerzos.

 

Bien lo considera Alejandro Hope, analista especializado en temas de seguridad, drogas y delito, “un Estado que no protege el derecho a la vida, es un Estado que no protege nada”.

 

 

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El Señor de los Túneles y la tragicomedia mexicana

Noé Ibáñez Martínez

El México corrupto, el México impune, el México incapaz de hacer frente al crimen organizado, el lado oscuro del país al que conocemos desde siempre, esa narrativa sorprendente de violencia y narcotráfico —que pareciera solo existía en obras literarias que en las últimas dos décadas se multiplicaron—, quedó nuevamente reafirmada con la incrédula segunda fuga del narcotraficante más célebre del mundo: Joaquín El Chapo Guzmán.

Y es que el pasado sábado, poco después de las 23:00 horas, los rumores comenzaron a circular por las redes sociales: El Chapo se había fugado del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

El hecho no alarmó a los mexicanos, es más, muchos ya lo esperábamos. Pero lo más grave no es que El Chapo haya recobrado su libertad, sino el grado de corrupción al que hemos llegado. No importa cuántas veces lo atrapen, mientras el círculo vicioso esté dentro de las instituciones, el esfuerzo será en vano.

Es cierto, no es la primera vez que Joaquín Guzmán Loera escape de las autoridades. Cuando fue aprehendido en 1993 en Guatemala, fue encarcelado en el penal de Almoloya de Juárez, actualmente conocido como El Altiplano, Estado de México. Tras un intento de fuga, las autoridades lo trasladaron al penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco en 1995, donde finalmente el 19 de enero de 2001 escapó, en lo que muchos expertos definieron como la fuga perfecta y, otros, la huida más espectacular.

Prófugo por 13 años, El Chapo se mantuvo oculto de las autoridades a través de túneles. Sólo en Baja California, Sonora y Chihuahua la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) atribuye a su organización un centenar de narcogalerías para burlar los controles fronterizos.

Esta pericia, que la ha valido el apelativo del Señor de los Túneles, es bien conocido el gobierno mexicano. En febrero de 2014, El Chapo logró zafarse de su captura en Culiacán, Sinaloa, al huir por un sofisticado pasadizo instalado en su casa de seguridad. Mientras los elementos de la Marina intentaban frenéticamente derribar la puerta de blindaje hidráulico, Guzmán Loera accionó un resorte que levantó la bañera y se escabulló por un corredor metálico que desembocaba en las alcantarillas. Siete casas suyas en Culiacán estaban conectadas por esta red subterránea.

Con estos antecedentes, no era sorprendente que intentara fugarse de El Altiplano por un túnel. Es una posibilidad de manual. Incluso, documentos del gobierno de Estados Unidos muestran que la DEA tenía información de inteligencia sobre al menos dos intentos para ayudar al capo a escapar de la prisión. Los primeros informes sobre planes de fuga se dieron en marzo de 2014 que involucró el uso de amenazas y sobornos a funcionarios de la prisión, un mes después de que fue capturado en Mazatlán, Sinaloa; y en julio de ese mismo año, la misma investigación reveló que uno de los hijos de El Chapo había enviado un equipo de abogados y personal de contrainteligencia militar para diseñar un plan de escape, el cual finalmente ocurrió el pasado sábado con la complicidad seguramente de varios funcionarios del penal.

Sin embargo, este inevitable deterioro del país no es culpa de una sola persona, es resultado de años de mentir, de ocultar, de tapar, de solapar, de corromperse, quienes obsesionados y cegados por su ambición desmedida, perpetúen la ilegalidad y se coludan con los criminales construyendo cárceles con puertas giratorias en donde el poder y el dinero son el pase de salida.

Donde simulan resolver los problemas cuando no se atreven a atacar las causas, a asumir los costos. Donde crímenes como Ayotzinapa y Tlatlaya nunca se esclarezcan, que el silencio termine enterrando ese anhelo de justicia de quienes una y otra vez no tienen voz para defenderse.

Esta tragicomedia mexicana es, por una parte, la de un país sumido en una profunda crisis política y de seguridad nacional y cuyos responsables son los mismos políticos, y por otra parte, se dan casos como la segunda fuga de El Chapo que terminan siendo un fiasco para un Estado fallido.

Guerrero tocó techo en violencia

Noé Ibáñez Martínez

La inseguridad y la violencia si bien no son recientes ni exclusivos de un estado o nación, en este caso de Guerrero, sí debe preocupar y ocupar a los gobiernos en turno en establecer los mecanismos necesarios para garantizar la integridad de sus habitantes.

Tras los hechos violentos en Iguala en 2014, la confiabilidad de la información que ha reportado el gobierno en cuanto a las tasas de homicidios y delitos con violencia, se ha puesto en duda y se cree que el índice continúa subiendo.

En esta semana, el Instituto por la Economía y la Paz, con sede en Sydney, Australia, principal organismo en el mundo que se dedica a analizar el índice de la paz, cuantificar el costo de la violencia y el nivel de riesgo en cada país, reveló que se mejoraron los niveles de paz en algunos estados y en otros se incrementó el índice de homicidios en los últimos años.

Los estados mejor calificados son: Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Campeche, y Tlaxcala. Y los más violentos son: Guerrero, Morelos, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. En cuanto a ciudades, las más violentas son: Culiacán, Chilpancingo, Tecomán, La Laguna (región) y Acapulco.

El Índice de Paz México 2015 indica que Guerrero es el estado más violento, esto se debe principalmente a su alta tasa de homicidios, de delitos violentos y de delincuencia organizada que están por encima de la media nacional; e incluso, hay indicios de que el nivel de violencia en Guerrero tocó techo, con pequeños aumentos año a año.

A diferencia de la mayoría de los estados del norte que también han sufrido de altos niveles de violencia por el tráfico de drogas, Guerrero es relativamente pobre. Tiene el PIB del cuarto per cápita más bajo de cualquier estado en 2007, y tiene también una puntuación muy pobre en el Índice de Desarrollo Humano de las ONU, en el que tuvo el tercer peor puntaje en 2014.

Además, en los últimos 12 años Guerrero ha sido uno de los cinco estados más violentos y es el único estado con dos zonas metropolitanas clasificadas dentro de las cinco menos pacíficas: Chilpancingo y Acapulco.

Chilpancingo tiene la tercera tasa de homicidios más alta de las zonas metropolitanas del país, con 57 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013. La cifra es 74% más alta que el promedio metropolitano y equivale a la decimoquinta tasa de homicidios más alta de cualquier ciudad del mundo en 2014.

Además, la tasa de delitos con violencia es de 9,277 por cada 100,000 habitantes lo que representa la decimoquinta más alta a nivel internacional y 29% más alta que el promedio metropolitano.

De las tres categorías de delitos con violencia —robo, asalto y violación— robo representa 54% de los delitos registrados, asalto el 45% y violación el 1%. Al igual que la mayoría de las zonas metropolitanas, el robo con violencia es el mayor componente de los delitos de este tipo; sin embargo, en Chilpancingo también los asaltos constituyen una proporción relativamente alta de la tasa de delitos con violencia.

Acapulco es la quinta zona metropolitana más violenta en el país. Se clasifica entre las seis zonas metropolitanas con las cifras más altas tanto de homicidios como de delitos con violencia. Su tasa de delitos con violencia es cerca del doble del promedio metropolitano y su tasa de homicidios es cercana al triple de dicho promedio.

Contrario a la tendencia registrada en la mayoría de los estados del país, la tasa de homicidios en Acapulco ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Entre 2011 y 2012 hubo un promedio de 100 homicidios al año en Acapulco. En 2013 la cifra aumentó ocho veces, a 900 homicidios al maño, lo cual equivale a una tasa de más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Si bien la tasa de delitos con violencia de Acapulco es relativamente alta, se han presentado algunas mejoras en los últimos tres años, con una baja de 8% en los robos y de 18% en los asaltos entre 2011 y 2013.

¿A qué se debe este nivel de violencia?

Según un análisis de 58 indicadores a nivel estatal, la violencia en México se relaciona sobre todo con la mala gobernanza, las altas tasas de corrupción, y los bajos niveles de capital social y calidad de vida.

hist23@gmail.com