¿Un Congreso local omiso?

Disertaciones | Noé Ibáñez Martínez

La presencia de policías comunitarias y el surgimiento de civiles armados que se definen como autodefensas en varios municipios de Guerrero, ha puesto en serias dificultades a la autoridad estatal debido a que éstos operan fuera del marco legal, utilizan armamento exclusivo del Ejército y, en algunos casos, han cometido violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, pese a las voces que han urgido la modificación de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el Congreso local lleva más de un año de retraso con el tema, el cual debió ser legislado y modificado desde junio de 2016.

No obstante, pareciera que la falta de voluntad política ha prolongado ésta decisión, mientras los civiles armados, adheridos a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y al Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), así como otros grupos de autodefensa surgidos a raíz de lo que argumentan, la inseguridad, continúan actuando fuera de la ley y cometen violaciones a derechos humanos; el más reciente de los casos, la masacre de seis integrantes de una familia en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

Ante ésta situación, ¿qué espera el Congreso local para legislar y regularizar a las policías comunitarias y los grupos de autodefensa? ¿La modificación a la Ley 701 será parteaguas para poner en orden la actuación de éstos civiles armados y, en consecuencia, frenar la violación a los derechos humanos y hacer valer el estado de derecho?

De acuerdo a lo que se sabe del avance de los legisladores sobre el tema, la Comisión de Justicia trabaja para elaborar el dictamen de reformas a la Ley 701 sobre Reconocimientos, Derechos y Cultura Indígena, para que sea analizado, discutido y, en su caso, aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 13 de septiembre. Luego de que en tres ocasiones dicha ley debió de ser adecuada, pero los diputados no cumplieron.

En opinión de los propios legisladores, la policía comunitaria sólo debe operar en comunidades indígenas, como actualmente ocurre en pueblos de la región de la Montaña y la Costa Chica, donde tiene presencia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) que opera bajo la norma regulada en la Ley 701, la cual se pretende modificar para integrar a los demás grupos comunitarios. Incluso, algunos de ellos han presentado sus propuestas: la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez y el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, particularmente.

Además, algunas organizaciones sociales como el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec), han denunciado que la intención del Congreso al prolongar la armonización de la Ley 701, es dejar este marco normativo sin efectos, y criminalizar y desarticular a las policías comunitarias que operan en comunidades indígenas.

Incluso, la propia Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) también entregó al Congreso local sus propuestas. El dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio ha manifestado que su iniciativa consiste en armonizar la Ley 701, pero no sólo en el aspecto de las policías comunitarias, sino de manera integral.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores se ha pronunciado por la adecuación de la Ley 701 para regular la actuación las policías comunitarias, puntualizando que éstas no pueden suplir la función del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y que se debe trabajar en conjunto con el Ejército y Marina para recuperar el control de la seguridad en zonas donde operan. Por ello, tras las recomendaciones de la CNDH hechas al gobierno del estado (febrero de 2016), el Ejecutivo envió un paquete de iniciativas de reforma constitucional al artículo 14, en materia de seguridad pública, prevención del delito y del sistema de faltas de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, las cuales ya fueron aprobadas y sólo quedó pendiente la iniciativa de reformas a la Ley 701.

Mientras tanto, habrá que esperar si en septiembre, cuando inicie el periodo de sesiones, se pueda definir una propuesta sólida y sea analizada y, en su caso aprobada, con el objetivo de fortalecer el estado de derecho y recuperar el control de las zonas donde operan estos civiles armados, que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen presencia en el 68 por ciento del territorio estatal, y en tres años, se contabilizan al menos 13 organizaciones.

Lo grave que podría ocurrir es que los diputados continúen omisos y alargando la fecha para la armonización de la ley, ignorando, además, la recomendación de la CNDH de “analizar las condiciones bajo las cuales se encuentran los municipios donde tienen presencia los civiles armados y tomar medidas para reestablecer el orden jurídico y la gobernabilidad”, ya que en cualquier momento, podrían ocurrir más enfrentamientos, acciones que vulneren los derechos humanos y, desde luego, hacer ver la incapacidad del Estado para tomar el control de la seguridad en éstas zonas.