lunes, 12 de febrero de 2018

Pide especialista dejar de aplicar programas sociales asistencialistas

* Alejandra Mentado Basilio, lingüista por el CIESAS, sostiene que para abatir el rezago social, se tiene que trabajar directamente con las necesidades de las comunidades y dar acompañamiento porque es un proceso largo, “no se trata de regalar sino generar”, afirma

* La joven originaria de Zapotitlán Tablas, quien obtuvo este año el Galardón Mukira 2017 “Jóvenes que inspiran”, organiza a mujeres sobrevivientes de la violencia intrafamiliar y su reto es generar auto empleos para empoderarlas

Noé Ibáñez Martínez

La lingüista indígena guerrerense Alejandra Mentado Basilio, quien obtuvo a principios de este año el Galardón Mukira 2017 “Jóvenes que inspiran” en la categoría de Igualdad de Género que otorga la organización civil del mismo nombre, afirma que para abatir el rezago social que persiste en muchas comunidades indígenas del estado, es necesario reenfocar los programas sociales de gobierno y que dejen de ser asistencialistas.

Mentado Basilio, lingüista y especialista en lenguas originarias por el CIESAS, conformó hace ocho años un grupo de mujeres mè’phàà (tlapanecas) sobrevivientes de violencia familiar en una zona con alto índice de marginalidad y carencias, con quienes desde entonces, ha venido trabajando para empoderarlas, su reto es, crear autoempleos que satisfagan las necesidades básicas de las familias en la región de la Montaña.

Por esta actividad social y humanitaria, Alejandra fue merecedora del Galardón Mukira 2017, premio que se les otorga a los jóvenes que han destacado por su labor en favor de los derechos humanos, la justicia, la igualdad, la prevención de la violencia, el liderazgo, el empoderamiento de mujeres y la cultura de la legalidad en el país.

El listado de ganadores 2017 dado a conocer a principios de enero de este año, destaca la labor de la joven originaria de Zapotitlán Tablas, quien desde el 2010 ha logrado generar un espacio donde las mujeres mè’phàà realizan gestiones para sus reuniones, talleres, capacitaciones e impulsan el ejercicio de los derechos básicos.

Sin embargo, Alejandra y el grupo enfrentan muchos obstáculos, por el contexto de inseguridad y doble discriminación al ser mujeres indígenas en un país machista y racista. Las creencias estereotipadas sobre el rol de las mujeres ha sido un reto y limita la participación de otras mujeres porque se les prohíbe realizar actividades colectivas, familiares y comunitarias.

Pese a que el proyecto no cuenta con financiamiento económico gubernamental para realizar las actividades y seguir dando seguimiento a los casos individuales que se atienden, Alejandra ha logrado brindar una alternativa a las mujeres a través del acompañamiento directo para conocer y hacer valer sus derechos, cultivar su confianza, autoestima y fortalecer habilidades de comunicación y negociación.

Mukira es una organización sin fines de lucro que trabaja con jóvenes y mujeres para mejorar su calidad de vida y su acceso a la justicia. El año pasado, seleccionó una serie de trabajos y otorgó el galardón a nueve jóvenes de diversos estados del país, entre ellos, Alejandra.

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Para conocer más sobre su trabajo, contactamos a Alejandra para una entrevista, la cual compartimos con los lectores de este diario.

—¿Cómo nace la idea de apoyar o empoderar a las mujeres indígenas?

—Desde que era niña pasé varias condiciones y la vida se complica más para nosotras ya que sólo hay dos caminos: casarse y seguir con los mismos estereotipos o tener la oportunidad de estudiar. Afortunadamente tuve el apoyo de mis padres para estudiar. Siempre fue mi inquietud de ayudar, desde el 2006 comencé contribuir en alfabetizar a las mujeres y me di cuenta que ellas son muy inteligentes, noté que era necesario brindarles las herramientas, sobre la escritura-lectura. Al terminar al Colegio de Bachilleres en el plantel 10-A en Zapotitlán Tablas, me fui a estudiar en la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral en la UPN-Unidad 12 de Tlapa de Comonfort, que trabaja directamente a partir de las necesidades de las comunidades originarias, y mi compromiso fue regresar para trabajar con la gente. Como proyecto para mi titulación fue realizar un diagnóstico comunitario en Ayotoxtla, municipio de Zapotitlán Tablas, quise regresar a la comunidad de mi mamá.

—¿Qué acciones y actividades llevan a cabo o cómo trabajan con las mujeres de la comunidad?

—Hace poco logramos el apoyo de Fondo Semillas, una organización feminista que trabaja para mejorar la vida de las mujeres en México, para que tengan acceso a la salud, al trabajo digno, a tomar sus propias decisiones, a la justicia y a la felicidad. Realizamos capacitaciones, intercambio de experiencias, talleres, etcétera. Nos dimos cuenta que no basta con capacitaciones o talleres sino profundizar la problemática. El reto es lograr generar empleos para las mujeres como una forma de generar ingresos para sus necesidades básicas. De esta manera, ellas poco a poco reconocen y aceptan quiénes son y qué saben hacer.

—¿Cuántas mujeres están participando?

—Al iniciar, en 2010, fuimos cinco mujeres y ahora conformamos 16. En el grupo participan niños y niñas desde 10 años hasta 85 años de edad. Algunas compañeras no saben leer ni escribir pero son muy sabias. Por el momento nos nombramos como Mujeres Mè’phàà.

—¿Cómo perciben las mujeres éstas actividades o cómo les explican ustedes que se tienen que empoderar?

—Es un reto complicado, tan sólo de usar la palabra empoderamiento, nosotras nos consideramos un grupo único, sensible y que sabe escuchar y proporcionar confianza. No podemos hablar de empoderamiento cuando hay dolor, sufrimiento, por eso trabajamos sobre el arte y la medicina tradicional, trabajo con la tierra. El arte está enfocado sobre el tejido y el bordado. Desde ahí comienzan a diseñar su propia vida, reflejando una vida diferente. En la comunidad la mayoría de las mujeres tejen servilletas.

—Después de algunos años de trabajar en esta comunidad, ¿qué resultados han obtenido?

—Hemos logrado formar mujeres que por muchos años no han podido participar o dar un límite en sus casas, ahora las veo mujeres capaces y dispuestas. Son pocas mujeres pero me siento muy orgullosa de ser parte de ellas y ahora tenemos un sueño en conjunto.

—¿Cuál es la meta que tienen a corto o mediano plazo?

—En corto plazo, abrir la oficina en Ayotoxtla y, a largo plazo, generar empleos para las mujeres y la gente. Tengo también un proyecto sobre la construcción de la biblioteca comunitaria en Ahuixotitla, Zapotitlán Tablas, pero hasta ahora no logro encontrar una fundación que nos ayude. Esto me preocupa porque desde el 2015 comencé a traer libros de la Ciudad de México y hasta ahora no logro culminar, lo veo necesario porque las comunidades no tienen bibliotecas o un espacio dónde se pueda consultar. Tengo otro proyecto sobre la lengua, también es preocupante, porque algunos están dejando de hablar. Mi propósito de este año es encontrar fundaciones que nos ayuden a financiar estos proyectos.

—¿Han solicitado apoyo de alguna dependencia de gobierno?

—Del gobierno hasta ahora no, sólo con Fondo Semillas que nos ha abierto la oportunidad para trabajar a nuestra comunidad. También la organización Mukira que nos ha brindado asesoría. Quiero decir que este proyecto se está dando gracias a las guerreras que forman parte del equipo de nuestro grupo, pero también gracias por la confianza que me han tenido y creer en mí. Yo tengo muy bien centrado mi objetivo. También gracias a mis padres, hermanos y hermana.

—¿Qué les hace falta a los programas oficiales para lograr estos resultados que has logrado?

—Primero es que se tienen que trabajar directamente con las necesidades de las comunidades y seguir dando acompañamiento porque es un proceso largo. Que las personas se involucren y que sean ellas que digan lo que realmente necesitan. Pero la mayoría de los proyectos no son sustentables. No se trata de regalar sino generar.

—En ese sentido, ¿consideras que la política social o los programas oficiales están mal enfocados?

—Falta ser sensibles a la realidad, tienen “lentes oscuros” porque no conocen los contextos de vida de los pueblos, no es lo mismo vivir con ellos, estar con ellos, hablar, comer y dormir. En contexto donde 1 peso tiene un valor inmenso para la vida. Los programas necesitan especialistas con enfoque a las necesidades de los pueblos originarios de acuerdo las problemáticas que están pasando: salud, educación, economía, agricultura y otros.

—¿Cómo te sientes al poner un granito de arena para sacar adelante a las mujeres indígenas?

—Me siento muy orgullosa porque yo conozco las condiciones de vida que enfrentamos como mujeres y como comunidades, por eso regrese a mi municipio y a mi comunidad. Aquí es donde se necesitan profesionistas capaces a trabajar directamente con los problemas que enfrentamos. Debemos trabajar por nuestros derechos como personas y sin distinguir, seamos mujeres, hombres, pueblos originarios o no. Somos humanos. También me siento orgullosa de ser quien soy, una mujer mè’phàà con capacidad de saber escuchar y estar con la gente.

—Además, te preparaste para eso. Cuéntame de tu formación académica.

—Soy especialista, tengo un posgrado en Lingüística Indoamericana en el CIESAS; fui becaria del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Conacyt). Actualmente soy lingüista y especialista en lenguas originarias. He dado conferencias y talleres a profesionistas, estudiantes y a comunidades originarias.

—¿Qué tan complicado fue para ti estudiar y lograr salir adelante académicamente?

—¡Súper complicado! En las comunidades hay pocas condiciones y haciendo una comparación, los contextos son diferentes. A mí sí me hubiera gustado que mi formación académica hubiese sido diferente, recuerdo que cuando iba a la universidad no sabía ni usar la computadora. Siempre hay críticas, ahora que ya tengo mi profesión viene la presión social, cuando me voy a mi comunidad veo que hay niñas que se casan a los 12 años, algunas tuvieron la oportunidad de terminar su primaria y otras no. Veo mis ex compañeras de mi edad con cinco o seis hijos, pero ya aparentan de 35 o 40 años. Sus condiciones de vida son muy fuertes. Por esa razón, me inspira más en trabajar en mi comunidad, sobre todo veo a las niñas, me recuerdan a mí.

—¿Qué significa para ti que una organización como Mukira reconozca tu trabajo?

—Es un ritual para nosotras, quiero decir que este trabajo no es sólo mío sino de todas las que formamos el grupo. Yo reconozco el interés, el compromiso de cada una de nosotras que estamos trabajando en este proceso tan fuerte. Por esa razón quisiera reiterar que el premio es de todas y toda la gente que está trabajando con nosotras en diferentes partes, como en la Ciudad de México. Ahora tengo las herramientas necesarias para trabajar y si nos las tengo, las busco. Pero gracias en las instituciones educativas que me formaron.

—¿Algo más que consideres importante agregar?

—Quiero recalcar como seres humanos, todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Tener una vida digna y una economía estable. Poder contribuir en una transformación en la vida de las comunidades, sobre todo de las mujeres y niñas.

martes, 15 de agosto de 2017

¿Un Congreso local omiso?


Disertaciones | Noé Ibáñez Martínez

La presencia de policías comunitarias y el surgimiento de civiles armados que se definen como autodefensas en varios municipios de Guerrero, ha puesto en serias dificultades a la autoridad estatal debido a que éstos operan fuera del marco legal, utilizan armamento exclusivo del Ejército y, en algunos casos, han cometido violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, pese a las voces que han urgido la modificación de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el Congreso local lleva más de un año de retraso con el tema, el cual debió ser legislado y modificado desde junio de 2016.

No obstante, pareciera que la falta de voluntad política ha prolongado ésta decisión, mientras los civiles armados, adheridos a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y al Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), así como otros grupos de autodefensa surgidos a raíz de lo que argumentan, la inseguridad, continúan actuando fuera de la ley y cometen violaciones a derechos humanos; el más reciente de los casos, la masacre de seis integrantes de una familia en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

Ante ésta situación, ¿qué espera el Congreso local para legislar y regularizar a las policías comunitarias y los grupos de autodefensa? ¿La modificación a la Ley 701 será parteaguas para poner en orden la actuación de éstos civiles armados y, en consecuencia, frenar la violación a los derechos humanos y hacer valer el estado de derecho?

De acuerdo a lo que se sabe del avance de los legisladores sobre el tema, la Comisión de Justicia trabaja para elaborar el dictamen de reformas a la Ley 701 sobre Reconocimientos, Derechos y Cultura Indígena, para que sea analizado, discutido y, en su caso, aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 13 de septiembre. Luego de que en tres ocasiones dicha ley debió de ser adecuada, pero los diputados no cumplieron.

En opinión de los propios legisladores, la policía comunitaria sólo debe operar en comunidades indígenas, como actualmente ocurre en pueblos de la región de la Montaña y la Costa Chica, donde tiene presencia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) que opera bajo la norma regulada en la Ley 701, la cual se pretende modificar para integrar a los demás grupos comunitarios. Incluso, algunos de ellos han presentado sus propuestas: la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez y el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, particularmente.

Además, algunas organizaciones sociales como el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec), han denunciado que la intención del Congreso al prolongar la armonización de la Ley 701, es dejar este marco normativo sin efectos, y criminalizar y desarticular a las policías comunitarias que operan en comunidades indígenas.

Incluso, la propia Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) también entregó al Congreso local sus propuestas. El dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio ha manifestado que su iniciativa consiste en armonizar la Ley 701, pero no sólo en el aspecto de las policías comunitarias, sino de manera integral.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores se ha pronunciado por la adecuación de la Ley 701 para regular la actuación las policías comunitarias, puntualizando que éstas no pueden suplir la función del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y que se debe trabajar en conjunto con el Ejército y Marina para recuperar el control de la seguridad en zonas donde operan. Por ello, tras las recomendaciones de la CNDH hechas al gobierno del estado (febrero de 2016), el Ejecutivo envió un paquete de iniciativas de reforma constitucional al artículo 14, en materia de seguridad pública, prevención del delito y del sistema de faltas de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, las cuales ya fueron aprobadas y sólo quedó pendiente la iniciativa de reformas a la Ley 701.

Mientras tanto, habrá que esperar si en septiembre, cuando inicie el periodo de sesiones, se pueda definir una propuesta sólida y sea analizada y, en su caso aprobada, con el objetivo de fortalecer el estado de derecho y recuperar el control de las zonas donde operan estos civiles armados, que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen presencia en el 68 por ciento del territorio estatal, y en tres años, se contabilizan al menos 13 organizaciones.

Lo grave que podría ocurrir es que los diputados continúen omisos y alargando la fecha para la armonización de la ley, ignorando, además, la recomendación de la CNDH de “analizar las condiciones bajo las cuales se encuentran los municipios donde tienen presencia los civiles armados y tomar medidas para reestablecer el orden jurídico y la gobernabilidad”, ya que en cualquier momento, podrían ocurrir más enfrentamientos, acciones que vulneren los derechos humanos y, desde luego, hacer ver la incapacidad del Estado para tomar el control de la seguridad en éstas zonas.

jueves, 14 de enero de 2016

La larga agonía del PRD


Disertaciones | Noé Ibáñez Martínez

La indisciplina de las corrientes o ‘tribus’ y la ausencia de un liderazgo para mantener la cohesión, llevó nuevamente al PRD esta semana a exhibir la crisis política por la que atraviesa y que viene arrastrando desde hace varios años, alargando solo su agonía.
La causa esta vez fue el desacuerdo de sus corrientes con la estrategia de alianzas electorales con el PAN planteada por su presidente Agustín Basave, en los estados donde habrá elecciones para gobernador en junio de este año.
El propio Basave amagó primero con renunciar a la dirigencia si no se concretaba la alianza con el Partido Acción Nacional, y después lo hizo oficial ante el Comité Ejecutivo Nacional, horas antes de que las ‘tribus’ finalmente aceptaran ir en coalición en los estados de Veracruz y Oaxaca.
Tras esto, el dirigente aceptó quedarse en su puesto y justificó que su amago con renunciar no se debía a un chantaje o un berrinche, sino como presidente no tenía autoridad. Admitió que el PRD no está en su mejor momento, “pero podemos lograr buenos resultados”, afirmó.
La designación de Agustín Basave como presidente del sol azteca suponía el reconocimiento —aun a regañadientes— de un arbitraje interno entre las corrientes en pugna y la oferta de un liderazgo confiable hacia el exterior del partido. Pero ningún árbitro puede cumplir su labor si los jugadores ignoran de plano sus decisiones y si el arbitraje carece de reglas mínimas exigibles para todos los contendientes. Es más, si lo único que buscan las corrientes es conservar o incrementar sus cuotas de poder y/o manipular a los integrantes de la dirigencia nacional.
El PRD ya había venido dilapidando la militancia de varios de sus fundadores originales —y de manera destacada las de sus candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador— y ya había agotado la posibilidad de establecer un liderazgo interno aceptado por sus propias corrientes.
Además, el PRD también enfrenta los embates políticos de Morena, que se ha convertido en su principal amenaza para ser la principal fuerza electoral opositora del país. Asimismo, los reiterados errores de sus representes en gobiernos locales se reflejó en el descalabro electoral que sufrió el partido en las elecciones de 2015.
Para perdurar en el largo plazo, el PRD tendría que volver a nacer. Sin embargo, a estas alturas resulta por lo menos difícil imaginar cómo podría detenerse la maquinaria política que lo está destruyendo, cómo podrían sus corrientes comprender que se han vuelto enemigas de sus propias aspiraciones, cómo podría diseñarse un nuevo programa político y quién podría asumir un liderazgo capaz de disciplinar a sus militantes.
En 2018, seguramente habrá un recuadro con el sello del PRD en las boletas electorales, pero será muy difícil saber qué significarán esas siglas, moribundas por la tragedia de sus depredadores; o quizás como último intento para sobrevivir buscarán también ir en alianza con el PAN por la Presidencia.
No obstante, la razón de fondo de la crisis en el PRD es mucho más grave: ese partido ha venido perdiendo cohesión interna, identidad ideológica y liderazgo. Tres condiciones sin las cuales ningún partido podría sobrevivir mucho tiempo.
Lo cierto es que hace tiempo que el PRD dejó de ser un partido para convertirse en una franquicia para las ‘tribus’, principales causantes de su evidente e inevitable destrucción.

hist23@gmail.com

viernes, 8 de enero de 2016

Violencia acorta esperanza de vida de los guerrerenses


Disertaciones | Noé Ibáñez Martínez

Un nuevo estudio publicado en la revista estadounidense Health Affairs revela que la violencia vinculada al crimen organizado en México hizo descender casi siete meses y medio la esperanza de vida de los mexicanos; incluso, los expertos aseguran que rompe la tendencia al alza registrada en el país desde la fase armada de la Revolución Mexicana (1910-1917).
El estudio, publicado el pasado martes, dice que “el aumento de los homicidios está en el corazón” del fenómeno de la disminución de la esperanza de vida aunque las muertes por diabetes también han tenido que ver.
Según el informe, la esperanza de vida de los hombres mexicanos bajó en seis décimas partes de año, es decir, casi 7 meses y medio, del año 2000 al 2010, descenso que se produjo principalmente en la segunda mitad de la década.
En 2010, según datos oficiales, la media de vida para los mexicanos se situaba en 77 años para las mujeres y 71 para los hombres.
La gran ofensiva de México contra los cárteles de la droga comenzó en 2006 y la tasa de homicidios pasó de 9,5 por 100.000 habitantes en 2005 a más de 22 en 2010.
“El nivel de homicidios sin precedentes a partir de 2005 hizo que la tendencia de aumento en la esperanza de vida se revirtiera en los hombres y se ralentizara en las mujeres en la mayoría de los estados”, indica el estudio de José Manuel Aburto de la Escuela de Demografía Doctoral Europea; Hiram Beltrán Sánchez, de la Universidad de California-Los Ángeles; y dos autores más.
Los cinco estados más afectados por esta situación son: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero y Nayarit, donde los hombres perdieron una media de un año de esperanza de vida entre 2005 y 2010, incluso en Chihuahua el descenso fue alarmante y llegó a los 3 años.
Para 2010, la esperanza de vida con respecto al año 2000 había bajado en dos tercios de los estados mexicanos a pesar de los avanzas en ciertos programas de salud.
El estudio muestra también que hay diez veces más posibilidades de que sean hombres los afectados por los asesinatos vinculados al crimen organizado ya los maten en ejecuciones, tiroteos o guerras fratricidas entre los propios cárteles.
Juan Eugenio Hernández, un epidemiólogo del Centro de Información para las Decisiones en Salud Pública, destacó que se trata de la primera bajada en la esperanza de vida de los mexicanos desde la época de la Revolución (1910-1917).
Hernández, que no participó en el estudio de Health Affairs, coincidió en que “la violencia tiene un gran impacto en la esperanza de vida sobre todo de los hombres en varios estados del norte de México y en Michoacán y Guerrero”, y recordó que los investigadores ya habían alertado que este impacto en la longevidad de los mexicanos.
La esperanza de vida en México había ido en aumento de forma constante y de 1940 a 2000 se habían ganado en torno a 4 años de longevidad por década.
Según el INEGI, la esperanza de vida de los hombres mexicanos ha vuelto a subir en 2014 hasta los 72 años. En 2014 también hubo una reducción de los asesinatos de los 22 por cada 100 mil habitantes de 2010 a 16 por cada 100 mil.
En julio de 2015, el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Homicidio: una mirada a la violencia en México, donde también reveló que en 10 años, de 2003 a 2013, la esperanza de vida de los mexicanos se redujo en promedio cinco meses, y particularmente en Guerrero, el descenso fue de 1.21 años.
El año pasado, el Instituto por la Economía y la Paz informó que Guerrero era la entidad más violenta del país, y tres de sus ciudades de más de 100 mil habitantes superaron la tasa de homicidios dolosos tan solo en 2014: Acapulco (70), Chilpancingo (64) e Iguala (18).

hist23@gmail.com

miércoles, 18 de noviembre de 2015

La reforma venidera en las Escuelas Normales

Disertaciones | Noé Ibáñez Martínez

Las declaraciones en los últimos días del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sobre una eminente reforma en febrero del próximo año para modernizar las 449 Escuelas Normales en el país, 17 de ellas Rurales, ha despertado la inquietud sobre el sentido en que serán enfocados dichos cambios.
Hasta el momento, Nuño Mayer solo ha revelado que algunos de los objetivos son la modernización, la profesionalización docente y el fortalecimiento de la educación inicial, aunque ha sido enfático en señalar que todas las actividades de dichas escuelas deberán estar “apegadas a la ley”, sobre todo tras los señalamientos de una presunta infiltración de un grupo del crimen organizado en la Normal de Ayotzinapa.
Es claro que todo esto es a consecuencia de que existe un histórico abandono gubernamental hacia las Escuelas Normales, particularmente las Rurales, por lo que éstas se han volcado hacia la lucha y resistencia para enfrentar dicho abandono.
Han enfrentado un ataque frontal desde la época de Manuel Ávila Camacho, por lo que llevan muchos años en su lucha por una educación pública y masiva. Por ejemplo, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, se ordenó el cierre de 18 escuelas normales, desde ese momento, se han realizado diversos intentos por desaparecer estos centros educativos, al ser considerados “cuna de guerrilleros”.
Cabe recordar que las Normales Rurales nacen en la época post revolucionaria, a iniciativa de José Vasconcelos, en un momento en que la mayor parte de la población era analfabeta. En esos tiempos, el país no contaba con gente capacitada para alfabetizar a la sociedad, ahí surgen estas escuelas, y con Lázaro Cárdenas cambia el modelo a una educación socialista, la cual predomina actualmente en muchas de ellas.
No obstante, los niveles educativos son muy bajos, y esto se refleja en las diversas evaluaciones realizadas. De acuerdo con el Informe 2015 Los Docentes en México, entregado al Senado de la República por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 60% de los egresados de las escuelas normales del país carece del perfil idóneo para ser maestro.
Además, el INEE mostró al Senado que el 59% de quienes estudian para ser maestros; es decir, 78 mil jóvenes, provienen de familias cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar mínimo definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y como consecuencia, carecen de una formación académica sólida al venir de sistemas educativos deficientes.
El INEE recomendó que para éstos jóvenes, no solamente se les otorgue una beca académica, sino también programas propedéuticos y de refuerzo, remediales y de apoyo durante el tiempo que están estudiando para evitar que se tengan que ir y para lograr que sus resultados sean los adecuados, y que pasen el examen de admisión de ingreso a la docencia.
Sin embargo, este interés por mejorar la calidad de las normales rurales contraviene a las acciones del gobierno federal. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos para el próximo año desapareció el fondo para mantener a las Escuelas Normales Rurales que anunció el presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer a estas instituciones, tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Este apoyo tenía contemplados 400 millones de pesos como parte del Ramo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación, dedicado al sector educativo y al gasto de la Secretaría de Educación Pública, para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, en específico para el Programa de Apoyo para Escuelas Normales Rurales.
Ante este panorama, la SEP deberá iniciar mesas de análisis entre académicos, docentes, padres de familia, representantes de alumnos, autoridades educativas y miembros de la sociedad civil, a fin de establecer las nuevas bases de los modelos educativos que se adapten a las necesidades de las normales; de lo contrario, las autoridades seguirán encontrando resistencias en estos centros educativos.

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@ibanez_marti

OTHÓN SALAZAR