Fernando
Polanco Ochoa/IRZA Chilpancingo, Gro., mayo 22 de 2013 (IRZA).- La bancada del
PRI del Congreso local pidió al gobernador Ángel Aguirre Rivero la “suspensión
preventiva” del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alberto López Rosas,
hasta que concluya el juicio político en su contra por el caso Ayotzinapa.
“No
hay ningún motivo para que las instituciones republicanas se vean severamente
afectadas a nombrar a un funcionario que enfrenta un juicio político”, afirmó
el coordinador priista Héctor Apreza Patrón.
Durante
la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, Apreza sostuvo que
“ética, moral y políticamente es inadmisible” el nombramiento de López Rosas
como titular de una dependencia estatal.
López
Rosas, ex procurador general de Justicia, enfrenta un juicio político en el
Congreso local a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
por el desalojo violento del 12 de diciembre del 2011 donde dos estudiantes de
Ayotzinapa fueron asesinados a balazos.
Al
respecto Apreza Patrón sostuvo que el gobernador Ángel Aguirre Rivero “debe
valorar las consecuencias de tal decisión en el ánimo de la opinión pública de
la sociedad guerrerense” y confió que el mandatario estatal “atienda
positivamente esta petición”.
“Desde
nuestro punto de vista es procedente la suspensión preventiva del funcionario
sin que se prejuzgue la responsabilidad del inculpado hasta que el órgano
competente resuelva, en este caso la Comisión Instructora”, agregó el priista.
Esto,
para que se observe la garantía del debido proceso al acusado y no se envíe una
mala señal que no contribuya a apaciguar el enfrentamiento entre los
guerrerense y nos aleje del acuerdo y el dialogo con los sectores de la
sociedad.
Apreza
Patrón, dijo que es responsabilidad de un gobernador generar las condiciones de
gobernabilidad la cual “se logra con el ejercicio combinado de la legalidad y
el oficio político, y en este sentido hacemos el llamado a que el gobernador
actúe en consecuencia”.
El
legislador priista aclaró que no tenía animadversión ni era un asunto personal
con López Rosas, “tiene que ver con una congruencia que debe tener el Poder
Legislativo de defensa con las instituciones y con los intereses de la
sociedad”.
No
obstante, asumió la autoría del posicionamiento a pesar de confirmó que
diputados de otras fracciones y representaciones legislativas contribuyeron
para enriquecerlo porque no están de acuerdo con el nombramiento del ex
procurador de Justicia.
“A
López Rosas se le instauró un juicio político a recomendación de la CNDH quien
señaló que en los lamentables hechos ocurridos el 12 de diciembre exigieron
violaciones graves a los derechos humanos que atentaron contra el derecho a la
vida, seguridad e integridad personal al cometer faltas a la legalidad, seguridad
jurídica, libertad personal y trato digno contra 54 jóvenes detenidos en los
hechos, varios de ellos con tortura”, contextualizó Apreza.
López Rosas no está impedido para
desempeñar un cargo público
El
diputado perredista Jesús Marcial Rodríguez salió en defensa del funcionario
estatal, “no hay ninguna resolución judicial que incrimine como responsable del
delito al licenciado López Rosas”.
Agregó:
“Si bien es cierto que existe un procedimiento pendiente de resolverse, cierto
es también que hasta a la fecha no hay ninguna sentencia definitiva firme que
lo declare culpable”.
Además
consideró que la posición del diputado priista es violatoria al artículo 14
Constitucional el cual garantiza el derecho de todo ciudadano a un trabajo
digno, “no tiene razón los argumentos que hace Héctor Apreza”.
Luego
afirmó que en otros temas, la fracción del PRI actúan con criterios y
definiciones diferentes y reprochó el proceso de designación de los magistrados
del Tribunal Estatal Electoral, pero Apreza Patrón dijo que ese tema no tenía
relación. (www.agenciairza.com)
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