Chilpancingo, Gro; 07
de junio del 2013 (IRZA).- Organizaciones como la Red Guerrerense de Organismos
Civiles de Derechos Humanos, consideraron que el caso de El Charco, debe ser
atendido por organismos internacionales porque aquí en México no ha habido
justicia.
El Charco, pertenece
al municipio de Ayutla, en la región de la Costa Chica del estado, es una
comunidad ñu´savi (mixteca) que hace 15 años fue escenario de la matanza de 11
personas, entre éstas un estudiante de la UNAM, Ricardo Zamora en manos de
soldados.
Manuel Olivares
Hernández, secretario Técnico de este organismo, consideró que a pesar de que
la masacre ocurrió el 7 de junio de 1998, a la fecha las viudas de los
indígenas campesinos asesinados y los sobrevivientes no han podido acceder a la
justicia. El caso lo ha visto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
y otras instancias locales.
Los sobrevivientes,
como Efrén Cortez Chávez, ha exigido crear una comisión de la verdad que
investigue y se castigue a los militares que encabezaron la operación,
investigaciones justas que den con los responsables, que son militares. Unas
horas antes de la masacre, soldados y una columna del Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI) se enfrentaron en un poblado aledaño a El Charco.
En ese entonces era
alcalde de Ayutla, Odilón Romero, y estuvo al tanto de la operación en la cual
participaron unos 5 mil soldados que rodearon la población mixteca.
Después del ataque los
supervivientes fueron interrogados por funcionarios de la Procuraduría estatal
y de la Secretaría de Gobierno de gobierno. Horas antes de la masacre soldados
y ERPI se enfrentaron en Coxcatlán Candelaria, población aledaña a El Charco,
por lo que cree que eso derivó en el ataque a la escuela Caritino Maldonado,
donde las víctimas dormían luego de una asamblea en la que participaron más de
100 indígenas campesinos provenientes de diversas comunidades mixtecas.
Olivares Hernández
consideró que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien
tendrá que revisar el caso y hacer sus conclusiones pertinentes, para que se
castigue a los responsables y los sobreviviente y viudas de los asesinados
puedan ver en vida tras las rejas a los militares que participaron en dicha
matanza.
Ese 7 de junio
murieron 11 personas y hubo cinco adultos heridos, así como tres adolescentes
de 13 años, y 22 detenidos. (www.agenciairza.com)
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