El mito de la expropiación

Noé Ibáñez Martínez

Hoy, se conmemora el 75 aniversario de la expropiación petrolera y la historia oficial nos recuerda que la firme decisión de un hombre — el presidente Lázaro Cárdenas— llevó a la nacionalización de este sector energético. Sin embargo, algunos estudios demuestran que existieron una serie de factores que llevaron al presidente tomar esta decisión. Veamos.

Durante el régimen del general Díaz se aplicó una política de puertas abiertas a la penetración del capital imperialista. Con estas medidas pronto se establecieron en nuestro país, filiales de los grandes consorcios financieros transnacionales. En la práctica, las compañías petroleras funcionaban como un Estado dentro de otro Estado.

Para 1934, cerca de 16 mil personas trabajaban en la extracción de carburantes, agrupados en 21 sindicatos independientes. En total existían aproximadamente 15 compañías petroleras y tres navieras, todas afiliadas a los intereses monopólicos de la Royal Dutch Shell y la Standard Oil Co. Por su parte, el Estado había fundado Petromex, S.A., con la finalidad de explotar los recursos petroleros para el propio país; sin embargo, su capital era reducido y no tenía influencia.

Las organizaciones sindicales fueron beneficiados con la política laboral que propugnó el gobierno cardenista, constituyendo así el 20 de agosto de 1935, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el cual se encargaría de organizar las luchas reivindicativas de los obreros en contra de los abusos y arbitrariedades que llevaban a cabo las compañías extranjeras.

El 20 de julio de 1936, se reunió en la ciudad de México la primera Asamblea Nacional del STPRM, en donde redactaron el primer contrato colectivo de trabajo que fue presentado a las empresas, y entre las principales demandas estaban: aumento de salario y pago especial por labores peligrosas, remuneración doble por horas extras de trabajo, incremento de vacaciones, servicios médicos, entre otros puntos.

Estas demandas fueron rechazadas enérgicamente por los representantes de las compañías petroleras, argumentando que no tenían capacidad económica para cubrir las peticiones del STPRM; surgiendo así un conflicto que llevaría a una huelga generalizada el 28 de mayo de 1937 y la intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Una serie de confrontaciones entre las empresas y el STPRM abrirían también el papel de participación arbitral del gobierno cardenista.

Aunque la huelga había sido levantada y los trabajadores regresaron a sus labores, se nombró una comisión que redactaría un informe final sobre la situación cuya conclusión sería que las empresas trasnacionales estaban en condición para acceder a las demandas de los trabajadores, hasta por una suma anual de 26 millones de pesos. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó finalmente el 18 de diciembre de 1937 un laudo favorable al STPRM.

Por su parte, las Compañías declararon que no podían acatar la resolución y recurrieron a la Suprema Corte de Justicia con la finalidad de obtener un amparo federal. La SCJ se negó al amparo y confirmó la laudo emitido por la JFCA. Las Compañías no aceptaron el fallo y se declararon en franca actitud de rebeldía al gobierno, a pesar de las intenciones de Cárdenas de mediar entre ambas partes.

Trabajadores acudieron el 16 de marzo a la JFCA con la finalidad de solicitar la cancelación de los contratos colectivos de trabajo, la cual fue aprobada, por lo que no existiendo ningún impedimento laboral, el sindicato acordó suspender las actividades laborales el 18 de marzo.

El presidente Cárdenas aceptó el reto que hacían a su institucionalidad los consorcios transnacionales y ese mismo día emitió un mensaje a la nación: “expropiados, por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación y todos los demás bienes de las compañías: Mexicana de Petróleo, El Águila, S.A., Naviera de San Cristóbal, S.A., Huasteca Petroleum Corporation; Stanford and Company , S. en C.; entre otras.

El conflicto laboral había amenazado el interés nacional tanto en su aspecto económico como en el político; la decisión del gobierno fue tomada, sobre todo, porque no podía permitir que la actitud de las transnacionales socavara la soberanía del Estado sobre los recursos de la Nación que la pequeña y gran burguesía se empeñaban en consolidar desde el punto de vista capitalista.

El 18 de marzo de 1938 representa el punto más alto del ascenso de las luchas proletariadas. La expropiación y nacionalización petrolera no se hubiera efectuado sin la combativa participación de la clase obrera mexicana. Es decir, un conjunto de factores que posibilitaron la expropiación y no la voluntad de un solo hombre como lo enseña la historia oficial.