Chilpancingo,
Gro., junio 28 de 2013 (IRZA).- A 18 años de la masacre en el vado de Aguas
Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, organizaciones sociales de defensa de
los derechos humanos exigieron al gobierno reabrir el caso e investigar a los
responsables de la muerte de 17 campesinos.
Vidulfo
Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan, consideró que ese caso y el de la matanza de El Charco, en
Ayutla, es la justicia internacional y organizaciones fuera de México, quienes
los tienen que revisar, porque en el país no ha habido verdaderas
investigaciones.
Consideró
que el asesinato de los campesinos miembros de la Organización Campesina de la
Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político en la población de
Atoyac de Álvarez, también Costa Grande, en manos de lo que era la policía
motorizada estatal, sigue en la impunidad, porque no hay autores intelectuales
tras las rejas.
Este
28 de junio se cumplen 18 años de esos asesinatos y la organización a la cual
pertenece, como muchas otras han señalado al ex gobernador Rubén Figueroa
Alcocer y al actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Territorial y Urbano (Sedatu), que en ese entonces era subsecretario de
Finanzas, Héctor Vicario Castrejón como responsables de la ejecución.
“La
llamada Guerra Sucia, es un pasado que sigue vigente, lo mismo si hablamos de
El Charco, Aguas Blancas. No hay verdad, no hay justicia y mucho menos
reparación del daño”, reclamó.
Dijo
que si el actual gobierno pretende en verdad realizar investigaciones serias,
deberá reabrir el caso al ámbito internacional, pero primero reabrirlo en el
estado, para que con ello se castigue a los verdaderos responsables.
(www.agenciairza.com)
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