Mientras
el gobernador Ángel Aguirre Rivero continúa en la vecina nación norteamericana
promoviendo los destinos turísticos e incentivando la inversión extranjera en
la entidad; la inseguridad y la violencia continúan siendo el principal reto
inmediato a resolver, si se quiere asegurar la inversión y atraer el turismo
nacional e internacional.
Después
de más de un año de la puesta en marcha del Operativo Guerrero Seguro (OGS), las
estadísticas de asesinatos relacionados con la delincuencia organizada se
mantienen (922 ejecuciones en 2012) respecto al año anterior (930 ejecuciones
en 2011). Y en los primeros cinco meses de este año, Guerrero encabeza la lista
con 888 ejecuciones a nivel nacional, a pesar de que el Gobierno federal trató
de manipular la información; según el diario Zeta (19/05/2013), siendo 8 mil 49 la cifra real de ejecuciones en
el país.
Ante
esta situación y los nulos resultados de la Operación Guerrero Seguro, el
Gobierno estatal redefinió las estrategias y anunció la implementación del
nuevo sistema de seguridad denominado “Fuerza Estatal” que trabajará en función
al esquema de Policía de Mando Único, con las corporaciones estatal y
municipales.
Según
el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SspyPc) del estado,
Sergio Javier Lara Montellanos, la “Fuerza Estatal” entrará en vigor en una
primera etapa en los municipios de Iguala, en la región Norte, y Acapulco, y
posteriormente iniciará en el resto de los municipios, y su propósito principal
será recuperar la confianza de los guerrerenses en el sistema de seguridad
estatal.
A
pesar de ello, la desconfianza llevó a los empresarios aglutinados a la Coparmex
de Chilpancingo a solicitar apoyo a la Upoeg para conformar un Consejo
Ciudadano contra la inseguridad y disminuir delitos como el secuestro y el
cobro de “piso”, los cuales han llevado al cierre de más de 350 negocios al mes
en el estado.
Aunque
esta decisión de la Coparmex de aliarse con la Upoeg fue duramente criticada por
la misma secretaría de Seguridad Pública del estado ya que la policía rural
tiene límites de acción; y que además, en el marco de esta nueva estrategia de
seguridad, dependerá directamente de “Fuerza Estatal”; sin embargo, hasta el
momento no ha habido acuerdos.
Lo
cierto es que estos grupos de seguridad ciudadana se siguen proliferando en
varias comunidades del estado, siendo las más recientes las surgidas en Tecpan
en la región Costa Grande y Tlatlauquitepec en La Montaña.
La
cuestión es complicada y ninguna de las posibles soluciones puede ser viable.
El general Jorge Carrillo Olea se preguntaba, ¿cómo normalizar las conductas
levantiscas de los guardias comunitarios? Un camino es convencerlos de una
deposición de voluntades; otro es sumarlos a las fuerzas del orden y otro sería
aplicarles la ley reprimiendo el delito. Ninguno parece viable, sin que
implique resbalar hacia otros costos tan grandes como los que se quiere
subsanar (La Jornada, 25/06/13).
Incluso,
algunos opinan que el problema de la seguridad pública puede agravarse y
convertirse en un tema de seguridad interior. Sobre esto, el diputado local
Evencio Romero opinó que las policías ciudadanas y comunitarias “se tienen que
reglamentar”, porque si siguen surgiendo “al rato hasta un golpe de Estado
pueden dar”. Acción que no se puede descartar si continúa la inseguridad y el
hartazgo del pueblo tiene límite.
En
este contexto de la inseguridad y el viaje de promoción turístico que realiza
el Gobernador en el país norteamericano, ¿qué es lo primero que tiene que
atender y resolver Ángel Aguirre Rivero?
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