Chilpancingo,
Gro; 03 de julio del 2013 (IRZA).- El titular de la Procuraduría General de
Justicia (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, plantó a dirigentes de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con quienes iniciaría una segunda
mesa de trabajo para abordar el desistimiento de las por lo menos 200 órdenes
de aprehensión y averiguaciones previas que hay contra policías de esa
organización.
Apenas
el 28 de junio pasado, en un primer encuentro sobre este tema, el gobierno del
estado aceptó dejar sin efecto las averiguaciones previas y órdenes de
aprehensión que hay por presuntas irregularidades que según los Ministerios
Públicos y algunos municipios, han cometidos miembros del sistema de justicia.
Sin
embargo, este día coordinadores de las cuatro casas de justicia que tiene la
CRAC, Espino Blanco, Malinaltepec; Zitlaltepec, Metlatónoc; San Luis Acatlán,
en ese municipio y El Paraíso, en Ayutla, acudieron a la cita que tenían
prevista con Blanco Cabrera, para formalizar el compromiso y plantear otras
inconformidades.
Además
de la cancelación de órdenes de aprehensión, plantearían casos específicos en
los que las agencias de los Ministerios Públicos han chocado con su sistema de
justicia y reeducación, y otras inconformidades que cada Casa de Justicia
expondría en la mesa de trabajo.
La
reunión del 28 de junio donde además de Iñaki Blanco participó el asesor del
gobernador, Ernesto Aguirre fue a puerta cerrada, pero ocurrió a unas horas de
que el coordinador de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, fuera detenido por un
grupo de elementos del Ejército Nacional.
La
comisión de la Policía Comunitaria (PC) estuvo encabezada por Villar Castillo,
que entre otras cosas solicitó la entrega de 16 armas de fuego que les han sido
despojadas en diferentes acciones de la milicia.
La
CRAC denunció que la detención de Villar Castillo y sus acompañantes se
desarrolló en el municipio de Ayutla por elementos del Ejército nacional, una
acción que dijo, es injustificada porque las autoridades saben de la
representación que este ostenta.
A
los comunitarios que acompañaban a Villar les recogieron 9 armas de fuero; tres
de ellas consideradas como de uso exclusivo del Ejército Nacional, y se acordó
que este miércoles previo a que la reunión que el próximo 9 de julio buscarán
una audiencia con los mandos de la Marina Armada de México y la Secretaría de
la Defensa Nacional.
La
CRAC denunció que no existe el interés de apoyarlos, sino de criminalizar las
actividades que se realizan para protestar por diferentes problemas.
(www.agenciairza.com)
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