Carlos
Navarrete, Chilpancingo, Gro. 01 de julio / ANG.- Cerca de mil indígenas, entre hombres y
mujeres que integran la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG) realizaron una caravana de Tierra Colorada a Chilpancingo,
para posteriormente marchar hacia el Congreso Local, donde fueron atendidos por
diputados de los diferentes partidos a quienes les plantearon sus demandas.
Durante
el recorrido tuvieron que pasar por dos retenes militares, el primero ubicado
en la comunidad de Buena Vista, donde solamente fueron observados por los
efectivos castrenses, y el segundo en el poblado de Petaquillas, ahí el líder
indígena, Bruno Plácido Valerio intercambió palabras con el comandante
encargado del dispositivo de seguridad.
A
las 10:30 de la mañana salió la caravana del municipio Juan R. Escudero
utilizando al menos 10 camionetas para trasladarse a esta capital, donde un
contingente ya los esperaba para iniciar la “Marcha por la dignidad, justicia y
desarrollo”, en la que se esperaba la participación de empresarios capitalinos,
quienes prefirieron esperar en el Congreso.
Al
pasar por la comunidad de Buena Vista, un retén militar que revisaba vehículos
sospechosos se limitó a observar el paso de quienes conforman el Sistema de
Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) que salieron de sus comunidades sin
uniforme y armas, a excepción de cuatro personas que pretendieron ingresar a la
capital con armas cortas.
Ya
en Petaquillas, poblado ubicado a 10 minutos de la capital, todos abandonaron
los vehículos en los que se trasladaban, y los mandaron adelante del
contingente, para iniciar con la marcha en la que participaron cerca de mil
personas y que llevaban pancartas en la que exigían atención de las autoridades
estatales y federales.
A
unos metros de donde bajaron de las camionetas estaba instalado otro retén de
militares, que a diferencia del anterior detuvo a por lo menos cuatro
camionetas de la caravana, revisando los interiores y las bolsas que portaban
las personas que ahí se trasladaban con el equipo de sonido en el que lanzaban
consignas contra los tres órdenes de gobierno.
Ahí
también intentaron detener a varias personas para revisar sus mochilas, sin
embargo, Plácido Valerio encaró a los militares para exigirles que permitieran
el libre tránsito de los ciudadanos, además que no estaban incurriendo en
ningún delito, pues no obstruían el paso a los automovilistas, ya que sólo
obstruían uno de los cuatro carriles de la Autopista del Sol.
Bruno
Plácido intercambió palabras con el comandante que estaba a cargo del retén, a
quien le pidió que no detuviera la marcha, sin embargo, pese a la insistencia,
detuvieron a un grupo de personas que participaban en la movilización a quienes
les quitaron cuatro armas cortas que portaban.
El
líder indígena negoció con los militares, y concretaron que las armas
incautadas serían llevadas al cuartel militar de esta ciudad, y serían
entregadas hasta que la UPOEG abandonara nuevamente la ciudad.
Una
vez en la ciudad de Chilpancingo se dirigieron a la sede del poder legislativo,
donde ya los esperaban empresarios capitalinos, transportistas y maquiladores,
así como productores de mango y coco de las dos costas, quienes en fechas
recientes ya se habían pronunciado a
favor de esta marcha.
Sin
embargo al buscar ser recibidos por el presidente de la Comisión de Gobierno,
Bernardo Ortega Jiménez, se percataron de que ningún diputado se encontraba
en el recinto, por lo que tuvieron que
esperar un promedio de 30 minutos en lo que arribaban los legisladores.
Posteriormente,
a las tres de la tarde, fueron recibidos en la sala José Francisco Ruiz Massieu
por los presidentes de la fracción parlamentaria de PAN y PRD, Delfina Oliva
Concepción Hernández y Bernardo Ortega Jiménez, además del priista Héctor
Astudillo Flores, el diputado federal, Sebastián de la Rosa Peláez y el
senador, Armando Ríos Piter.
En
ese lugar Plácido Valerio exigió a los representantes populares comenzar a legislar en materia de seguridad, para que
se reconozca a las autoridades comunitarias como cuarto poder, se disponga de
una tarifa preferencial en el cobro de la energía eléctrica en comunidades
indígenas de Guerrero y respeto al SSJC.
Además
pidió la reposición de elecciones en comunidades donde la UPOEG tiene
injerencia, pues desde el 2012 solicitaron al Instituto Electoral del Estado de
Guerrero (IEEG) comicios por usos y costumbres; y la destitución de
funcionarios públicos y políticos vinculados con la delincuencia organizada.
En
el encuentro también participaron representantes del sector empresarial y
productores de mango y coco, quienes externaron su preocupación por la falta de
resultados de las autoridades estatales y federales a la hora de garantizarle
seguridad a los guerrerenses (ANG).
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