Comisión de la Verdad de Guerrero, en entredicho: Jorge Salazar Marchán

Fernando Polanco Ochoa/IRZA Chilpancingo, Gro., marzo 13 de 2013 (IRZA).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán, cuestionó la transparencia y desempeño de la Comisión de la Verdad y confirmó que los comisionados serán citados a una reunión de trabajo para que expliquen el desarrollo de sus actividades y resultados.
A casi un año de haber sido creada por la pasada Legislatura local para investigar los sucesos relacionados con la “Guerra Sucia” del periodo de 1969 a 1979, la Comverdad no ha presentado su reglamento interno pese a que tenían un plazo de seis meses para hacerlo.

“El artículo transitorio dice que después de creada, contarán con seis meses para hacer la ley reglamentaria, entonces si no lo tienen están en desacato de la ley. No la conozco, no conocemos el reglamento”, señaló.

Pese a que la Comverdad ha sido cuestionada por la falta de transparencia en el manejo presupuestal, el legislador local del Partido del Trabajo (PT) aclaró que la reunión de trabajo será para conocer su desempeño y no el tema financiero porque de eso se ocupa la Auditoría General del Estado (AGE).

“No es mi tema el asunto de los dineros realmente, del recurso no es facultad nuestra. Son dos vías que se complementan pero para nosotros es conocer la transparencia en el desempeño del trabajo para saber qué han hecho”, dijo este miércoles en entrevista.

Comentó que en la Comverdad hay un escalafón, estructura organizativa, funciones y atribuciones pero al no presentar el reglamento interno desconocen bajo qué circunstancias y condiciones realizan su trabajo.

“Partiendo de que varios de sus integrantes son maestros de tiempo completo en la Ciudad de México, uno se pregunta en qué momento se hace el trabajo de la Comisión. El propio ex rector de la UAG Enrique González Ruiz es maestro de la Universidad Autónoma de México (UAM) y algunos otros también son académicos de la UAG, ahí si no entiendo esa parte y si me gustaría saberla; sobre todo su doble función, en función de que son académicos de tiempo completo algunos”.

Señaló incluso que el Archivo de la Nación y el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tienen un horario de atención, por lo que insistió, “¿En qué momento realizan su función? Esa es la parte que a mi si me preocupa”.

Además de que uno de los comisionados dio a conocer que harían una película pese a que la ley no los faculta para realizar esa actividad, “es una buena puntada pero así lo dejamos porque tiene funciones muy delimitadas y lo que más ruido crea es que su función lo acotan a diez años, la Guerra Sucia no se limita hasta el (año) 79”.

Salazar Marchán explicó que antes de que los profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaran el Palacio Legislativo se había acordado citar a comparecer a los comisionados.

Pero aclaró que la propuesta sigue vigente y se realizará cuando la sede del Congreso sea desalojada porque en este momento al no contar las instalaciones y con los documentos que respaldan la reunión “si me limita a convocarlos como presidente de la comisión (de Derechos Humanos)”.

Defenestrar a los integrantes de la Comverdad vicia el proceso

Sobre los señalamientos del activista Rogelio Vargas Pineda sobre el manejo financiero y otras presuntas irregularidades de la Comverdad, precisó que en el segundo informe parcial que presentarán en abril próximo deberán desglosar los gastos de operación.

Pero aclaró que los 20 millones de pesos que se presupuestaron para la Comverdad son para gastos específicos de operación y no para resarcir o reparar el daño como lo han denunciado algunos líderes de opinión.

No obstante, opinó que no es propicio “entrar a la feria de las descalificaciones” porque “defenestrar a los integrantes de la comisión me parece que vicia el proceso pero también defenestrar a quien impugna y cuestiona el trabajo tampoco me parece que sea muy profesional y ético”.

“Finalmente cualquier ciudadano está en derecho de poner en tela de juicio el desempeño de una dependencia, de una comisión en este caso”, añadió.

Consideró también que acusar al activista Rogelio Vargas Pineda como “personero” del ex gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer para evitar que se llegue al fondo de los sucesos acontecidos durante la Guerra Sucia, “me parece que se tocan límites de la provocación, de la irresponsabilidad, creo que si habría que pedir a las partes moderación y comprobación porque el que acusa tiene la obligación de comprobarlo. Rogelio está en su derecho, la gente de El Quemado y de la parte alta de Atyotac de Álvarez, (región Costa Grande) que se sienten no atendidos por la comisión”.

Agregó que Vargas Pineda y 17 personas más de Atoyac de Álvarez presentaron testimonios y denuncias en el sentido de que solo dos personas de la Comverdad estaban realizando trabajo de campo y que los comisionados no están haciendo su trabajo, lo cual –dijo- es objeto de análisis y estudio. (www.agenciairza.com)