La
creación de la Secretaría de Educación Pública fue —quizás— el logro más
importante de la revolución mexicana. El país tenía que reconstruirse
bajo un
sistema nacional de instrucción y capacitación para impulsar el desarrollo y
crecimiento económico. La meta era ambiciosa y su acción extensiva, la
finalidad era llegar a la mayor masa de población posible. A pesar de muchos
obstáculos, el avance fue significante.
Los
años veinte y treinta, la educación en México mantuvo un ánimo de
fortalecimiento y de atención social; sin embargo, intereses políticos, sindicales
y económicos la secuestraron convirtiéndola en botín para aspiraciones
particulares y gremiales, que significó poder y corrupción durante décadas.
Como “uña y carne”, los gobiernos priístas y la cúpula del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) confabularon contra la educación misma.
A
pesar de esto, momentos históricos como la lucha magisterial de los años
cincuenta encabezada por Othón Salazar y la fundación de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los años setenta, son
muestras de resistencia ante el charrismo sindical y la vida antidemocrática
del SNTE; movimientos guiados por la convicción de que la educación es para el
pueblo. Actualmente, con una significante desviación de sentido, propósito y un
rumbo claro, maestros disidentes siguen en pie de lucha buscando intereses
propios, del gremio (laborales); más no por la defensa y la búsqueda de una
profunda revolución en el sistema educativo del país.
El
retorno del priísmo a la presidencia de la República —después de la “docena
trágica”— enciende y coloca al sector educativo nuevamente en un ambiente de
inestabilidad, incertidumbre y una serie de paradigmas, causando un sinfín de
emociones y reacciones de diversos sectores de la sociedad, incluso en aquellos
ajenos al tema de la educación. Pero no es para menos, la “reconciliación” de
las fuerzas políticas del país y el acuerdo nacional que pactaron, permitió que
sacaran adelante reformas entre ellas la de la educación, que inmediatamente
causó controversias y reacciones del sector magisterial por ser violatorio a
sus derechos laborales y pretender capitalizar (privatizar) la educación
pública.
Las
acciones del gobierno federal no quedaron allí, pareciera que las cosas van muy
en serio, al detener a quien por décadas había sido su aliada estratégica, que
juntos atentaban contra los maestros de base y la educación de la niñez y
juventud mexicana. Los opositores piensan que este hecho trascendental y
coyuntural se trata de una estrategia para legitimar el gobierno de Enrique
Peña Nieto e incluso una simulación para atentar contra el pueblo, al pretender
privatizar Pemex e incrementar el IVA en medicinas y alimentos; que sin duda
son medidas antipopulares.
Sabemos
que los delitos por los que se le acusa a La Maestra y su detención no tienen
como finalidad solo la cuestión de castigar el uso indebido de recursos de
procedencia ilícita o de delincuencia organizada, sino la acción va acompañada
de estrategias políticas confabuladas desde el poder. Y aquí es donde surgen muchas
interrogantes: ¿la detención de la señora Gordillo es “una cortina de humo”
para las verdaderas intenciones del gobierno peñista? ¿Cuál será el destino del
SNTE ante la detención de su líder? ¿Cuál seguirá siendo la postura de la CNTE
ante la Reforma Educativa y el probable cambio en el SNTE que viene desde la
cúpula del poder? ¿Quién gana y quien pierde en este caso?
Mientras
algunos analistas piensan que la detención de Elba Esther Gordillo es señal de
que la educación está en agenda política, lo cierto es que estas acciones van
más allá de mejorar la calidad de la educación en el país. El hecho de crear y
promulgar una reforma educativa sin consultar a la base magisterial, padres de
familia, autoridades locales y la sociedad en general, es síntoma de que no
tendrá repercusiones reales para los mexicanos. Mientras la crisis y la
incertidumbre seguirán.
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