El partido del Estado
ha vuelto. No sólo en el hecho de recuperar la presidencia de la República si no
en el establecimiento de una relación lineal con mando y control desde Los
Pinos.
Así lo hicieron saber en el marco de la conmemoración del 84 aniversario de la fundación del partido, evento en el que dieron a conocer la modificación de sus estatutos, por lo que la Comisión Política Permanente será una entidad política que encabezará el Ejecutivo nacional, por lo que el priísmo pasa a ser nuevamente un aparato político del Estado mexicano.
Así lo hicieron saber en el marco de la conmemoración del 84 aniversario de la fundación del partido, evento en el que dieron a conocer la modificación de sus estatutos, por lo que la Comisión Política Permanente será una entidad política que encabezará el Ejecutivo nacional, por lo que el priísmo pasa a ser nuevamente un aparato político del Estado mexicano.
Recordemos que el
Partido Nacional Revolucionario (PNR) nació para disciplinar la acción de la
heterogénea y violenta coalición de intereses que formaba la “familia
revolucionaria” a fines de los años veinte; tomando el control el Jefe Máximo
de la Revolución, Plutarco Elías Calles sin ser presidente de la República.
Pareciera que el actual Jefe Máximo es Carlos Salinas de Gortari y utiliza a
Enrique Peña Nieto como cuando Calles utilizó a Emilio Portes Gil, Pascual
Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez.
De ser así, Salinas no
sólo controla al Presidente Peña sino también al PRI y por falta de autonomía y
por el carácter instrumental del partido del Gobierno, se ha puesto en duda el
carácter mismo de partido político del PRI. Pues más que ser una organización
con vida y poder propios, transmisora y aglutinadora de las demandas de sus
bases masivas, es otro instrumento presidencial para imponer disciplina entre
la élite política y llevar a cabo las campañas electorales.
En este sentido, el
control del Estado sobre el PRI vislumbra dos cosas que la historia ya
registra: primero, la sensible disminución de la democracia interior del
partido y el endurecimiento del sistema, y segundo, el uso del PRI como
instrumento político para negociar, controlar y pactar con las demás fuerzas
políticas del país (caso Pacto por México).
El Pacto por México fue
la primera acción del gobierno peñista, el cual, desde luego, no responde a las
inquietudes, necesidades y demandas de la sociedad mexicana, sino sólo a los
intereses propios de la cúpula del poder. Si bien en la retórica que han
manejado las distintas fuerzas políticas y principalmente el PRI y el propio
Presidente, que con este Pacto traería una serie de reformas que permitirían
adecuar y fortalecer instituciones e implementar programas en beneficio de los
mexicanos, a meses de firmarse dicho acuerdo, parece que está tomando otro
rumbo que no dejaron claro en la hora de firmar.
Precisamente, las
modificaciones que hicieron en los estatutos del PRI sobresalen dos puntos de
acuerdo muy polémicos que las demás fuerzas políticas que firmaron el Pacto no
sabían: primero, la posibilidad de modificar el IVA (en alimentos y medicinas)
y segundo, permitir que el sector privado ingrese al sector energético (la
posible privatización de Pemex).
Decisiones que
provocaron reacciones en el PRD. El presidente nacional de dicho órgano, Jesús
Zambrano señaló que “el PRI no manda en el país. Cuando presente su propuesta,
nosotros también presentaremos la nuestra”. Mientras que los del PAN confían
todavía que el Pacto lleve a buen puerto y que de manera conjunta impulsarán
otras reformas como la de Telecomunicaciones y la Hacendaria.
Pero la realidad es que
el momento de romance entre las fuerzas políticas está llegando al punto de la
ruptura. El gran Pacto por México —en el fondo— no fue más que una simulación
para hacer creer que con un acuerdo nacional entre partidos políticos,
realmente se puede transformar a México. El pacto no fue con los mexicanos y no
fue con los que menos tienen.
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