Chilpancingo,
Gro., julio 31 de 2013 (IRZA).- Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), solicitó a Bertoldo
Martínez Cruz, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Represión
(CCTR), “que no pida información utilizando a los medios de comunicación. Él no
es ninguna autoridad para pedir y hay instancias que le pueden facilitar lo que
requiere”.
Contestó
ante la petición de la organización que ha ayudado a las familias de
desplazados de la Tierra Caliente, pero que por una situación de inseguridad en
su comunidad de La Laguna, viven en Ayutla.
El
martes en entrevista Martínez Cruz pidió a la UPOEG el contenido de la
declaración que rindió el pistolero que detuvo su Sistema de Seguridad
Ciudadana (SSC) el pasado 21 de julio, cuando él junto a otros tres intentaron
atacar a integrantes de las familias desplazadas.
Plácido
Valerio, enfatizó que si la CCTR requiere información, es necesario que la pida
a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), “no puede ser así la
forma en los medios. Es una irresponsabilidad de Bertoldo. Nosotros sí, trabajamos
internamente le pasamos la tarjeta informativa a la PGJE de lo que nosotros
recabamos, pero a la Procuraduría nada más”.
Dijo
que la delincuencia organizada está operando en diferentes puntos del estado y
a diferentes niveles, por ello no pueden ventilar asuntos que ellos como UPOEG,
en colaboración con la PGJE resuelven de manera interna, “sería importante que
Bertoldo buscara la información, pero con la PGJE, no con nosotros”.
Martínez
Cruz solicitó a la UPOEG informe con precisión las declaraciones que realizó el
sicario que logró detener su sistema de Seguridad, porque esos datos servirán
para saber qué fue lo que motivó a esas personas, dos fueron muertas y uno está
prófugo, a atacar a los desplazados el 21 de julio pasado.
Martínez
Cruz consideró que es claro, que la agresión que sufrieron los desplazados de
La Laguna, Coyuca de Catalán, asentados actualmente en La Unión, Ayutla, tiene
que ver con el añejo conflicto por la tala inmoderada de madera que se vive de
manera constante en la sierra.
Las
110 personas desplazadas en Ayutla se fueron de sus hogares por la persecución
que sufrían de talamontes y narcotraficantes; además, recientemente, en
noviembre pasado, una de sus familiares, Juventina Villa fue asesinada aun
cuando contaba con protección de policías estatales.
Plácido
Valerio aseguró: “nosotros no somos las instancias adecuadas, no tiene caso
contestarle el rumbo de las investigaciones por los medios de comunicación.
Sólo precisar que si se está trabajando en ver qué es lo que pasó el 21 de
julio con las familias desplazadas, quiénes los atacaron y qué querían”.
Bertoldo
consideró que sería bueno que ellos como organizaciones que han seguido el caso
de los desplazados supieran qué dijo el detenido, “lo tuvo la autodefensa y
hasta ahorita no tenemos conocimiento de que lo hayan canalizado a las
autoridades. Queremos saber qué fue lo que dijo respecto a quienes ordenaron el
ataque, cuanto pagaron y qué efectos pensaban tener”. (www.agenciairza.com)
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