Chilpancingo,
Gro., julio 26 de 2013 (IRZA).- A cinco días de que las familias refugiadas en
Ayutla fueran agredidos a balazos por un grupo armado, no se les han brindado
medidas de protección.
Organizaciones
defensoras de derechos humanos exigieron pidieron el apoyo para esas familias,
atender de manera eficaz las causas que generaron este desplazamiento.
Pero
también a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
investigar y castigar a los responsables de las muertes violentas de las
personas sucedidas en la región.
El
domingo pasado, en la comunidad de La Unión, Ayutla, en el anexo La Palma II,
sujetos armados con AK 45, intentaron matar a los miembros de la familia Pérez,
que huyeron de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, por la violencia.
El
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la Red Guerrerense de organismos
Civiles de Derechos Humanos y el Centro Regional de Defensa de los Derechos
Humanos “José María Morelos y Pavón” exigieron que las autoridades federales y
estatales atenderlos.
“La
situación de desplazamiento interno forzoso originado por el clima de violencia
y que pone en riesgo la vida y la seguridad de los desplazados ubicados en
Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán y en Tepango y La Unión,
ambas Municipio de Ayutla”, dijeron.
Pidieron
a las autoridades civiles investiguen la presencia de grupos de paramilitares y
de delincuencia organizada en la región de la sierra de Coyuca de Catalán y
actúen conforme a derecho y que se garanticen condiciones de seguridad
necesarias para un pronto retorno de los desplazados a su lugar de origen.
Luego
del tiroteo a uno de los agresores se le encontró su credencia de elector se
llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios, vecino de la Barrita, municipio de
Petatlán, otro está en calidad de desaparecido, uno detenido y otro fugitivo.
Los
desplazados no fueron lesionados, pero el colectivo de organizaciones exigió
revisar puntualmente la situación de las familias que se encuentran en total
indefensión, pues de lo contrario, consideraron, en voz del secretario Técnico
de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares, se está permitiendo
que se repitan ese tipo de situaciones.
Bruno
Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero (UPOEG), impulsor del grupo de policías que defendió a los
desplazados, enfatizó en que ellos coadyuvarán con la Procuraduría General de
Justicia del Estado, a las investigaciones del ataque, pero ellos, dijo, no
podían garantizar la estabilidad de esas familias, que viven en Ayutla desde
diciembre. (www.agenciairza.com)
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