Fernando
Polanco Ochoa/IRZA Chilpancingo, Gro., julio 18 de 2013 (IRZA).- Activistas de
la Brigada Internacional para la Paz afirmaron que los pueblos originarios de
Guerrero siguen siendo “vulnerables” porque no se les garantiza las mínimas
garantías individuales ni de participación social.
Coincidieron
además que no existe un análisis de protección por parte del Estado Mexicano
para los defensores de derechos humanos pues las medidas cautelares no están
acompañadas de una investigación que determine los riesgos que padecen en su
función.
“Hemos
observado que no hay un análisis para la protección. Se (les) pone un celular y
policías para su protección pero no se investiga qué factores generan los
riesgos” y por los cuales recurren a las medidas cautelares.
Los
coordinadores de la Brigada Internacional por la Paz (PBI por sus siglas en
inglés), Rubens Carvalho y Ben Leather se reunieron este jueves con el
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar
Marchán en la sala “Jorge Bajos Valverde” del Palacio Legisltivo.
En
el encuentro los activistas abordaron los temas del avance de la iniciativa de
ley que tipifica como grave el delito de la tortura y sobre la Ley de
Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
También
respecto a los trabajos de la Comisión de la Verdad que investiga los
acontecimientos de la Guerra Sucia en Guerrero comprendidos en el periodo de
1969 a 1979, lo anterior en relación a una investigación en materia de Derechos
Humanos que realizan en la entidad.
En
cuanto a la ley de la tortura, Salazar Marchán les informó que ya fue
presentado al pleno el dictamen de modificación al código penal que tipifica
como grave ese delito en Guerrero y establece las causas y sanciones para
quienes incurran en esa infracción.
Informó
que el dictamen fue regresado a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos
para su comisión y que será presentado nuevamente en próximo periodo ordinario
de sesiones que inicia en el mes de septiembre próximo y afirmó que el Congreso
tiene el interés de aprobar esa iniciativa.
Sobre
ese punto, Rubens Carvalho dijo que al Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan le pareció adecuada esa iniciativa en concreto y que están de
acuerdo que se apruebe en esos términos.
Sobre
la Comisión de la Verdad, Salazar Marchán aseguró que al final de su trabajo
podrán rescatar parte de la verdad histórica pero no la jurídica, “vamos a
tener muchos hechos históricos sin duda”, pero les comentó que de ser necesario
se les podría ampliar un plazo de seis meses para profundizar en puntos
específicos.
En
ese sentido Rubens Carvalho y Ben Leather comentaron al legislador del Partido
del Trabajo que las mujeres del pueblo indígena Me’phaa, Inés Fernández Ortega
y Valentina Rosendo Cantú, lograron el fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Cidh) “pero no la justicia plena”.
Los
activistas y el legislador local acordaron darle seguimiento a las propuestas
de ley que se encuentran en análisis en el Congreso local y avanzar en materia
de derechos humanos.
Además
informaron que este viernes sostendrán un encuentro en Tlapa de Comonfort,
región Montaña, con activistas de Tlachinollan y otras organizaciones de
derechos humanos donde levantarán testimonios de cómo se encuentra Guerrero en
esa materia para emitir un informe al Estado Mexicano al respecto.
(www.agenciairza.com)
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